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1 de septiembre de 2014

Nuevo intento por frenar la resolución que permite alojar detenidos en comisarías

NOTA DE PRENSA

La Plata, 1 de septiembre de 2014

 

El CELS y el CIAJ solicitan la inmediata anulación de la medida para todo el territorio bonaerense, a través de una demanda contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron hoy una demanda conjunta contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el fuero Contencioso Administrativo,  solicitando LA ANULACIÓN TOTAL de la resolución que permite el alojamiento de personas en Comisarías, entendiendo que se trata de una resolución inconstitucional, pues desconoce el derecho a las condiciones de vida digna de las personas privadas de la libertad en la Provincia de Buenos Aires y resulta además una medida de carácter regresivo en términos jurídicos y de jurisprudencia en materia de Derechos Humanos.


La resolución N° 642 del ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados, dictada en abril de 2014 en el marco del Plan de Emergencia de Seguridad decretado por el Gobernador Daniel Scioli,  deja de lado lo dispuesto por la resolución 3340 de 2011 que determinaba el cierre “definitivo” de los calabozos de 49 comisarías de la Provincia de Buenos Aires por las condiciones inhumanas y de hacinamiento que se habían comprobado en los establecimientos policiales, y que eran violatorias de los DDHH, la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales. Todo ello como parte de una historia de debates sobre el tema que fuera conocida a través del “Fallo Verbitsky”, en el año 2005.

La demanda presentada por el CIAJ y el CELS solicita entonces la anulación de la Resolución 642/2014,  con ello la prohibición de alojar personas detenidas en los calabozos “rehabilitados” de manera ilegítima e ilegal en Comisarías  y que se ordene el inmediato traslado de los detenidos que actualmente se encuentran en las comisarías a establecimientos adecuados, que cumplan con los requisitos legales y constitucionales exigidos para la detención de personas.

Las organizaciones entienden que el acto administrativo que permite nuevamente el alojamiento de personas detenidas en comisarías afecta derechos reconocidos en la Constitución provincial y en la Constitución federal, y en particular, en los tratados internacionales”, y que contradice los mandatos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la necesidad de “la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos”.

La demanda presentada hoy por el CELS y el CIAJ cuestiona la regresividad en materia de derechos que propone esta nueva resolución, supeditando una decisión sobre derechos adquiridos a una situación coyuntural, como sería una supuesta emergencia en seguridad. Asimismo el pedido de los organismos tiene un carácter abarcativo debido a que solicita su impugnación para todo el ámbito de la provincia, ampliando así las presentaciones de hábeas corpus realizadas por el Defensor General de La Plata.

Desde la implementación del Plan de Emergencia en Seguridad decretado por el Gobernador Scioli el pasado 5 de abril (decreto que fuera cuestionado en su constitucionalidad  por la Comisión Provincial por la Memoria ante la Suprema Corte de la Provincia, planteo que ya fuera rechazado), en el marco de una disputa prelectoral, de reformas superficiales y regresivas en materia de derechos humanos, las orientaciones de las políticas de seguridad, los mensajes a fiscales y jueces y sobre todo el incentivo para la implementación de “operativos de control e interceptación” y mega-operativos policiales, aumentaron las detenciones e  incrementaron la población detenida de forma exponencial, llevando  el porcentaje de personas presas, en relación con la cantidad de habitantes, a la cifra más alta de los últimos 15 años.

Según un informe del CELS, las políticas de seguridad se dirigen sobre todo al control de la calle, quedando limitadas a la acción policial y a contramano de las políticas de inclusión social.

Las estructuras de seguridad con sus prácticas violatorias de derechos humanos, los abusos por parte de sus fuerzas, las omisiones y convalidaciones del Poder Judicial, y las legitimidades por parte del poder político y los discursos públicos, han generado un escenario de retroceso en el plano de restitución y ampliación de derechos, alineándose a una mirada conservadora con la que abordar los problemas de seguridad, los conflictos de criminalidad, y la gestión de los mismos, apartándose así  del debate acerca de cómo consolidar un sistema de seguridad realmente democrático.

 Contacto de Prensa

Sofia Caravelos 2215418686