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30 de octubre de 2020

Represión en el desalojo de Guernica: primero, los últimos

La ocupación de tierras en Guernica comenzó el 20 de julio pasado.

Lo primero que llegó como respuesta estatal fue el pedido de desalojo a los pocos días que comenzaron a ocuparse los predios, por parte de un fiscal –Juan Cruz Condomí Alcorta-, un viejo conocido del CIAJ. En el año 2013 lo denunciamos penalmente por “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario» a raíz de la muerte de Juan Carlos García, uno de los fallecidos durante la inundación del 2 de abril en La Plata que no fue contabilizada entre las víctimas por decisión de este fiscal y el accionar de la policía provincial. Allí, su intervención no fue tan eficaz como en esta oportunidad.Para pedir el desalojo en Guernica, el fiscal se basaba en un artículo del Código procesal que desde hace unas décadas permite en la provincia de Buenos Aires, lo que se llama “desalojos exprés”.Las vueltas judiciales y políticas permitieron postergar la medida judicial para conocer más sobre las personas y familias que habitaron esas tierras.

Se llegaron a censar 1.400 familias, que conservaron durante todo este tiempo la esperanza de lograr un pedazo de tierra para vivir. En la madrugada de ayer, todas esas familias -o algunas, ya no importa- asistieron al peor desenlace: 4.000 policías bonaerenses comandados por el ministro de Seguridad Sergio Berni, los expulsaron del predio durante un operativo ordenado por la justicia provincial en el que incendiaron sus casas o las tiraron abajo con máquinas retroexcavadoras.

Esta resolución, como advertíamos hace tres semanas, es la evidencia de que los miembros de la clase política, casi sin distinciones, “han arribado a un consenso de condena de ilegalidad para una acción política que hace cuatro décadas viene representando la única posibilidad de acceso al suelo urbano, por parte de sectores expulsados del mercado”. Una vez más, el Estado mostró una cara impiadosa -con el Código Penal en la mano- ante una problemática que padece hace varias décadas una gran porción de la población, como es el problema habitacional.

Los medios de comunicación hegemónicos solaparon la represión lisa y llana bajo fórmulas artificiales, como la de “incidentes”, “enfrentamientos” o “disturbios”. Hicieron foco en la “eficacia” del operativo y subrayaron, mientras la agresión sucedía, la supuesta reacción con piedras y botellas de parte de las personas que estaban siendo echadas. Pero la verdad es que el procedimiento no ahorró condimentos necesarios para infundir el terror: las tropas de uniformados entraron repentinamente al predio, de madrugada, luego de cortar la electricidad en los alrededores. En el lugar se encontraron numerosos balines y se utilizó gran cantidad de gas lacrimógeno.

El operativo de la Bonaerense para dar cumplimiento a la orden de la Justicia fue organizado con suficiente antelación para convocar a los 4.000 efectivos que arribaron del interior de la provincia, contar con móviles para su traslado y hasta propiciar la participación de dos fiscales más del Departamento Judicial de La Plata.

Es evidente que mientras los aprestos sucedían, la mesa de negociación que el propio gobierno había auspiciado tenía su final sellado.

El martes 28 de octubre, en la sede municipal de Presidente Perón, iba a firmarse un acuerdo entre lxs delegadxs y el gobierno municipal para iniciar un desalojo gradual, por sectores. Según los organismos veedores del proceso, el Cels y el Serpaj, sólo faltaban detalles que iban a saldarse en cuestión de horas.

En un comunicado posterior al desalojo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que encabeza Andrés Larroque aseguró que se le pidió “al juez Rizzo, interviniente en la causa, dos prórrogas de la orden de desalojo y vencidas éstas se solicitó seguir dialogando”. Pero el propio Condomí Alcorta negó que el Poder Ejecutivo hubiera solicitado una nueva prórroga, como sí lo había hecho en los días previos al 15 de octubre.

El gobernador Axel Kicillof, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia”. Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lamentó que “la Justicia tenía en sus manos suspender diez o quince días y decirle al gobierno pónganse de firme a empezar a edificar”, y se refirió a “una crisis de humanidad muy grande en nuestro país”.

Condomí Alcorta, cuyo segundo apellido marca su lejano parentesco con la tradicional familia de la oligarquía criolla, perteneciente a los linajes que forjaron sus latifundios a costa de la sangre de las comunidades originarias, dijo que el fuego de las casillas lo generaron las propias familias prendiendo gomas y que la policía “tenía la orden de apagarlo”. Cuando le preguntaron por la posibilidad de una nueva postergación que hubiera permitido llegar a la salida pacífica, el funcionario respondió: “Acá hay una realidad. Vienen estirando estas cuestiones y obstaculizando el desalojo mediante falsas negociaciones hace mucho tiempo. Se les dieron muchísimas oportunidades”. En medio del desalojo, con las columnas de humo gris como telón de fondo, el fiscal de doble apellido se tomó una selfie con dos de sus colaboradores.

Todavía restan instancias judiciales en sedes internacionales -una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra solicitada en el Comité por los Derechos de Niñas y Niños de las Naciones Unidas-, cuyas resoluciones, en caso de resultar favorables, habrán llegado tarde.

El ministro de Seguridad Sergio Berni montó su show policíaco una vez más, sobreactuando su modelo securitario hacia una clase media que ve con buenos ojos que el Estado descargue su poder de fuego sobre quienes han padecido desde siempre la inseguridad, y a la que aspira a seducir con apetencias electorales. Pero esta noche y las siguientes, muchas de las 1.400 familias de Guernica volverán a dormir a la intemperie.

#Guernica

#TierrasParaVivir

Ilustración de Juan Luis Bertola.