Seguinos en Facebook Seguinos en Instagram Seguinos en Twitter Seguinos en Youtube

Programa El Derecho a tener Derechos

El derecho a tener derechos es un programa de extensión universitaria de formación y capacitación para la promoción de derechos humanos, destinado a organizaciones sociales. Se trabaja también sobre herramientas de comunicación comunitaria como parte de la estrategia de promoción. Desde el programa se pretende atender problemáticas vinculadas al ejercicio de la ciudadanía a través de procesos de educación popular con el fin de fortalecer los recursos humanos de las organizaciones. Este trabajo tiene como telón de fondo el objetivo de articular a la Universidad con los sectores excluidos, generando espacios de diálogo y aprendizaje para todos los participantes, sean éstos provenientes de los barrios populares como del ámbito universitario.

El Programa fue acreditado y subsidiado por la Universidad Nacional de La Plata en las convocatorias del 2005, 2006 y 2007; en la convocatoria de 2008 fue acreditado y subsidiado como Programa de Extensión universitaria durante el período 2009-2011; también contó con el apoyo del Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación en el año 2006 y 2008. Se trata de un proyecto radicado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Reúne a estudiantes y graduados de distintas unidades académicas de la UNLP: Humanidades y Ciencias de la Educación, Psicología, Medicina, Arquitectura, Comunicación Social, Ciencias Exactas, Bellas Artes y Trabajo Social. Participan también, como organizaciones copartícipes, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la agrupación Galpón Sur, ambas de La Plata.

El proceso de extensión lleva seis años de gestión y se han realizado más de cincuenta talleres de capacitación; producciones comunicacionales como afiches y cartillas de derechos humanos, un video institucional, un video testimonial de la experiencia del año 2008, un documental sobre la criminalización de la protesta social, un Manual de derechos humanos para organizaciones sociales y un Cuaderno de formación Derechos y estrategias frente a la violencia policial. Asimismo se capacitaron a más de cien referentes de organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos de las ciudades de Berisso y La Plata principalmente, y también de Florencio Varela y Lanús. Se presentaron ponencias en Congresos, Jornadas de Extensión Universitarias, en otros eventos Académicos y en exposiciones convocadas por la UNLP y otras universidades de Neuquén, San Luis, Santa Fe, Misiones, Quilmes y Buenos Aires.

Los destinatarios del proyecto son grupos de jóvenes y adultos desocupados o con trabajo precarizado que integran organizaciones sociales y docentes, investigadores, graduados y estudiantes de la universidad que participan del proyecto.

La meta de la experiencia de Extensión es que las organizaciones de base territorial aumenten su capital social y cultural a partir de la formación de sus integrantes más activos y que, posteriormente, la información, reflexión y contenidos de los talleres puedan ser compartidos con el resto de los miembros de las organizaciones y con los vecinos no organizados de los barrios en los que se inscribe el trabajo territorial de estos grupos. Se apuesta también a que las metodologías de trabajo puedan servir para el tratamiento de otros temas y para el fortalecimiento de la organización.

También se apunta a la formación de estudiantes y docentes que forman parte del ámbito universitario a partir del intercambio con personas que no tienen trayectorias educativas formales muy extensas, y que supieron construir organizaciones desde el barrio, a partir de la problematización de la marginalidad, la pobreza y la violación de derechos humanos como hechos que no son aislados ni dados por la naturaleza, sino que son consecuencias de políticas que responden o respondieron a un modelo socioeconómico excluyente. Y que por sobre todas las cosas, son situaciones que no pueden encararse y resolverse individualmente, sino que necesitan de la organización colectiva.

Durante estos años de trabajo en el marco del proyecto, se fue aportando y construyendo saberes, y se buscó resolver algunas demandas concretas de las organizaciones sociales. Específicamente se recorrió un camino trazado por dos vías: la gestión de talleres de formación en derechos, y la producción de materiales de comunicación.

La experiencia de Extensión surge a partir del asesoramiento y defensa de militantes de distintas organizaciones que un grupo de abogados venía llevando a cabo en el marco de los juicios abiertos a las organizaciones de desocupados que “tomaban” los espacios públicos con la intención de hacer visibles sus reclamos. Este proceso se conoció como la “criminalización de la protesta social”. Otro antecedente fue el Seminario sobre La criminalización de la pobreza y la protesta social que se realizó durante tres años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Esta experiencia, sin duda, resultaba limitada toda vez que apuntaba básicamente a la investigación, difusión y formación de estudiantes universitarios en esta problemática, quedando pendiente la promoción de todos estos temas en los ámbitos donde estaban inscriptas aquellas organizaciones y donde se enfrentaban diariamente con conflictos de esa naturaleza.

Las experiencias previas permitieron elaborar un diagnóstico y evaluar las demandas concretas de aquellos actores. En efecto, ante determinadas situaciones problemáticas, cada vez que se presentaban conflictos con la policía, fiscales, jueces o funcionarios, nos sorprendíamos en el CIAJ evacuando las mismas consultas a distintos referentes de las organizaciones. Los conflictos se sucedían pero, ante cada nuevo problema, estaba la organización como en una suerte de grado cero. Había que volver a atender las consultas jurídicas de siempre, empezar de nuevo una y otra vez.

El grado cero informaba dos cosas: por un lado, indicaba cuáles eran las tareas pendientes de los organismos de derechos humanos en la Argentina, abocados hasta entonces fundamentalmente al juicio y castigo a los autores materiales e ideológicos del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y contra la impunidad que derivaba de las leyes de obediencia debida, punto final e indultos. Por el otro, hablaba de la pérdida de derechos de la que fueron objeto los sectores marginales como consecuencia de un Estado en retirada, de ausencias de políticas públicas universales y su reemplazo por prácticas políticas clientelares, focalizadas y discrecionales. En otras palabras, estaba informando sobre los ajustes y el achicamiento del Estado, sobre el no compromiso de los gobiernos de turno hacia aquellas cuestiones que hasta hace un tiempo atrás constituían su razón de ser.

El telón de fondo de esta experiencia es el neoliberalismo, el modelo socioeconómico impulsor de la desindustrialización de la sociedad y del desmantelamiento del Estado. Un Estado que comenzó a desentenderse de cierto número de problemas y cuestiones que hasta décadas atrás le aportaba otro sentido, el de garante de los derechos sociales universales.

El neoliberalismo tiene que ver, entre otras cosas, con la desocupación y laprecarización del empleo y las condiciones de trabajo. Tiene que ver con la pérdida de pertenencia o deterioro de las identidades populares ante la desindicalización y la desciudadanización.

La desciudadanización es la carencia de referencias jurídicas para hacer valer los derechos sociales que alguna vez se conquistaron con la lucha, la pérdida de derechos para hacer frente a las situaciones problemáticas que afrontan los sectores excluidos cuando el Estado se distancia de sus obligaciones. La desciudadanización también es la imposibilidad de actualizar los estándares jurídicos de derechos económicos, políticos, sociales y culturales que, estando incluidos en los distintos Pactos Internacionales suscriptos por el Estado Nacional, son muchas veces ignorados, situación que deriva de la no inversión estatal.

Ante los procesos de pérdida de derechos surgía una pregunta entre quienes de alguna manera estaban involucrados en estas temáticas: cómo aportar desde la Universidad y desde las organizaciones de derechos humanos para revertir estas tendencias. Frente a esta pregunta, se encontró un camino posible en las experiencias de organización colectiva de los movimientos de desocupados. Y en ello no se estaba en cero ya que los actores que más padecían las consecuencias del modelo neoliberal, señalaban formas de organización y lucha por resolver las urgencias y por salir del plano reivindicativo para plantear cambios estructurales.

Si, como decía el poeta José Martí, los derechos se tienen cuando se ejercen, la única manera de garantizar su ejercicio, sobre todo entre los sectores excluidos, es la organización. La organización colectiva es el punto de partida: no hay derechos sin organización. Por eso se trabajó conjuntamente con las organizaciones sociales en la planificación y puesta en marcha de talleres y es por eso, también que los principales destinatarios del Manual son las organizaciones sociales. Los convocados a ser parte de esta experiencia no son los ciudadanos sueltos o vecinos aislados del barrio, sino organizaciones sociales, ciudadanos comprometidos que asumen su rol transformador y vienen protagonizando diferentes prácticas colectivas para hacer frente a las situaciones problemáticas que padecen cotidianamente. Son estas experiencias de organización y lucha las que permitirán, en última instancia, la actualización de los estándares de derechos humanos y su cumplimiento efectivo. En otras palabras, será la organización y la toma de conciencia del conjunto de la sociedad (no sólo de los sectores excluidos) lo que posibilitará sacar los derechos humanos del mero enunciado y hacerlos realidad.