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Un fallo de Cámara de Apelaciones ratifica la urgencia de establecer protocolo de actuación para la Morgue Policial

morgue

La Plata - Viernes 5 de febrero

Luego de un Hábeas Data presentado por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica en abril de 2014, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 a cargo del Juez Luis Arias condenó en aquel momento al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que, dentro del plazo de sesenta (60) días, confeccionara -según el pedido del CIAJ- un protocolo de actuación que reglamente el ingreso, rotulación, documentación, disposición, entrega e inhumación o cremación de cadáveres y restos humanos que ingresen a la Morgue policial de La Plata. Además, según la decisión del Juez Arias, el Ejecutivo provincial tendría seis meses para “dotar a la Morgue policial de La Plata de una infraestructura edilicia adecuada para la preservación de los elementos de prueba allí alojados, y la seguridad e higiene del personal que presta funciones”. La sentencia exhortaba, por otro lado, “a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a que en un plazo razonable, arbitre las medidas conducentes a efectos de crear un protocolo de actuación para la realización de los procedimientos periciales que se ordenan en el marco de los procesos penales, en función de estándares de transparencia, seguridad, certeza y debida custodia”.

La presentación del Hábeas Data se produjo en el marco de la desaparición y desvío de cadáveres que se produjo durante la inundación del 2 abril de 2013 en la ciudad de La Plata. En aquel momento se solicitó “conocer la modalidad de proceder en el registro de ingreso de los cadáveres”, además de solicitar que se prohibiera el acceso de nuevos cuerpos a la morgue local hasta que no se avanzara en una investigación profunda respecto del manejo discrecional por parte de la policía científica que administra su funcionamiento.

Ante la resolución del Juez Arias, la representante de la Fiscalía de Estado presentó una apelación fundando un agravio sobre básicamente tres argumentos: a) avasallamiento de la figura y alcances del hábeas data; b) inexistencia de obrar arbitrario o irrazonable de la administración -violación del principio republicano de gobierno-; y por último c) violación del principio de congruencia.

Sin embargo, el martes 2 de febrero la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de La Plata dictó sentencia, rechazando el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y confirmando la sentencia dictada por el Juez Arias. El dictamen plantea que el propósito del Hábeas Data colectivo que planteó el Ciaj -al cual luego se le acumuló una causa similar de la Comisión Provincial por la Memoria-, radica en obtener información de “trascendencia e interés comunitario y en su caso proceder a su enmienda y rectificación…” La decisión se ajusta no sólo a los alcances de la vía constitucional colectiva sino al concreto objeto de la pretensión planteada en ella por el CIAJ: “Le es inherente al derecho a la información pública por el colectivo en asuntos de interés común, debiendo reconocerse la regla amplia de legitimación en ese acceso”.

Señala el fallo que el Juez de grado no se “extralimitó” en su condena: “No se trata de una interferencia de la justicia sobre la administración sino la determinación de un mandato acorde a la contienda, para decidir el caso, mandato que ordena la implementación del protocolo de actuación bajo las pautas jurídicas que establece (…) Lo mismo cabe decir en orden a la necesidad de infraestructura edilicia a cuyo fin impone la adopción de medidas que se estimen adecuadas a la consecución del propósito perseguido, como soporte indispensable del normal funcionamiento de la morgue policial”.

El fallo de la Cámara reafirma que lo entonces denunciado por el CIAJ cercenaba derechos que impedían el descubrimiento de datos e identidad de los cuerpos conservados en la Morgue, lo cual, desde el punto de vista del sistema democrático, constituye una rémora del pasado más oprobioso. Los acontecimientos e irregularidades conocidos, por ejemplo, en torno a la desaparición prolongada por seis años de Luciano Arruga -se sabe, la necropolítica no es patrimonio de la Bonaerense- confirman que este circuito irregular de gestión y disposición de cadáveres representa rutinas y prácticas heredadas de la última dictadura que resultan propicias para la impunidad, en instituciones que nunca fueron objeto de debate y reforma. La inexistencia de protocolos para el tratamiento de los cuerpos refuerza las prácticas históricas de la policía que redundan en mayores vulneraciones cuando se trata de personas excluidas.

Este fallo, más allá de los alcances efectivos que suscita, nos invita a debatir y repensar la organización institucional de la muerte que involucra a policías, jueces, médicos y burócratas. Detrás de la figura “NN” subsisten aún prácticas del terrorismo de Estado que no se han desandado todavía.