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Tras presentación del CIAJ dictan sentencia definitiva y nulidad del tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires

energia21

La Plata - Jueves 14 de julio

La sentencia definitiva del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata declara nula la Resolución Nro. 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que imponía sin previa audiencia ni debida información pública un desorbitado cuadro tarifario que, según la posición del CIAJ, representa un nuevo golpe del modelo económico en marcha que arrasa con el entramado social, operando una violencia estructural que se traduce, en sus múltiples expresiones, en mayor desempleo y falta de acceso a bienes esenciales para la vida.

El pronunciamiento del Juez Arias es aplicable a todas las empresas y cooperativas de la provincia de Buenos Aires (a excepción de EDENOR y EDESUR), quienes deberán abstenerse de emitir facturas con el nuevo cuadro tarifario y reintegrar a los usuarios, como descuento en próximas facturaciones, los importes percibidos tras la Resolución Nro. 22/16 anulada. En el mismo fallo se establece la vigencia y continuidad de la tarifa social.

Según el dictamen, el Poder Ejecutivo deberá ordenar al Órgano de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) a que, dentro del plazo de cinco días corridos, se instruya a las distribuidoras la sentencia definitiva y la refacturación de la tarifa eléctrica, con sujeción a los valores vigentes con anterioridad a la Resolución N° 22/16, incluyendo la Tarifa Social dispuesta en la misma.

El juez ha hecho lugar a la medida autosatisfactiva promovida por el CIAJ contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, entendiendo que no se ha promovido la necesaria participación de los usuarios en la determinación tarifaria ni se ha respetado el derecho a la información pública. En efecto, la Constitución asegura la participación de las asociaciones de consumidores, usuarios y de municipios interesados en los organismos de control de los servicios públicos. Esa participación se entiende en función de la representatividad colectiva y el rol de defensa del derecho común que tienen las asociaciones de consumidores pero además, en función de los aportes económicos solidarios que toda la sociedad ha destinado durante mucho tiempo para el desarrollo sustentable de toda la estructura de provisión de servicios. El usuario argentino, a lo largo de décadas, ha aportado de manera solidaria a la construcción de infraestructura que generase el autoabastecimiento energético. A pesar de esos aportes millonarios que la sociedad ha traducido en obras hidroeléctricas y de conexión gasífera, los usuarios de servicios fueron completamente ignorados al momento de elevarse los últimos cuadros tarifarios. No sólo ello, sino que la nula información sobre los aumentos no permitió establecer que operen en función de la construcción de obras complementarias que se requieren para una correcta provisión de servicios o la ampliación de redes y derechos colectivos. Visto así, el nuevo cuadro tarifario responde a la voraz necesidad de asegurar y maximizar las ganancias de empresas privadas que lucran con el acceso a bienes sociales generados de manera solidaria.

El acceso a bienes sociales esenciales como la electricidad, el derecho al agua y la provisión de gas, deben ser considerados derechos equiparables a los derechos humanos. La provisión y acceso a esos bienes para la vida deben ser pensados desde la integralidad de derechos colectivos ineludibles en toda sociedad. No hay derecho a la salud o a la vivienda digna -por ejemplo- sin los bienes esenciales que los hacen posibles. El derecho de todos los habitantes al consumo, a una economía y a un desarrollo sustentable tiene como objeto directo que estos gocen de un efectivo acceso a esas necesidades básicas. La tarifa del servicio público, en este marco normativo constitucional, viene a jugar un papel central, ya que implicará o no la principal barrera para ese acceso universal e igualitario a los servicios por parte de toda la sociedad.

Leé el fallo completo

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