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Inmigrante y travesti: cuando la justicia xenófoba y transfóbica valida prácticas policiales ilegales

trans

La Plata - Jueves 12 de mayo

Hace dos días se conoció la sentencia -a la que el CIAJ ha tenido acceso- del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, a cargo de Juan José Ruiz. En éste se condena a la travesti Claudia a la pena de 5 años y 3 meses de prisión. Reducido a sus hechos básicos, la sentencia condenatoria se explica en el hallazgo y tenencia de un gramo y medio de cocaína, todo lo cual no permitiría más que encuadrar el caso en los términos de “tenencia simple” y no como “comercialización”, según la calificación del fiscal Martín Raúl Chiorazzi. Sin embargo, la justicia platense, en un gesto extremo en su habitual xenofobia y transfobia, utiliza como bochornosos agravantes del caso la condición de inmigrante de la imputada y el grado de pureza de la droga incautada. Por si fuera poco, la sentencia convalida prácticas policiales ilegales y exhorta a la Dirección de Migraciones y al municipio a que actúen con mayor firmeza, en un claro mensaje político que se inscribe en una serie de fallos recientes de la justicia argentina que instauran todo un “espíritu de época”: la condena a una mujer tras sufrir un aborto natural (caso Belén, Tucumán), la libertad de expresión sometida a un “satirómetro” judicial que condena a una revista y restituye la honra de una mujer que justificó públicamente el genocidio y la apropiación ilegal de niños (caso Barcelona-Pando) y un juez que sostiene que el ingreso a las universidades públicas puede ser restrictivo y prepara el terreno para el arancelamiento (caso universidad de La Matanza).

Prácticas y rutinas transfóbicas

En este caso, la sentencia que en todo momento trata a la travesti imputada como varón -en franca violación del art. 12 de la Ley 26.743 dada su identidad autopercibida- rechaza las nulidades que planteó la defensa en relación a las prácticas policiales de criminalización y persecución a las identidades trans y travestis, de estigmatizaciones en torno a la condición de extranjería de estas personas y de vulneración de derechos. La detención de Claudia se da en el marco de varios operativos y razias grupales en la denominada zona roja de la ciudad de La Plata, realizadas durante la segunda mitad del 2013 y principios de 2014, en las cuales varias mujeres trans y travestis fueron desnudadas y requisadas en la vía pública de modo vejatorio e inconstitucional, siendo expuestas a prácticas policiales abusivas.

En aquel momento el CIAJ, junto con otras organizaciones de la disidencia sexual y de género, denunció el ejercicio de esas prácticas por parte de funcionarixs judiciales, estatales, agentes municipales y personal policial, efectuadas durante las detenciones masivas de personas trans y travestis en la zona roja, así como en los allanamientos realizados en las casas de varias de las detenidas.

El modo sistemático y rutinario en que lxs agentes policiales actúan realizando prácticas travesti/transfóbicas durante los procedimientos en la vía pública, constituye tratos vejatorios hacia las mujeres trans y travestis. La desnudez forzada de estas personas en la vía pública no puede considerarse más que como un trato cruel, inhumano y degradante tal como lo establece la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea General Naciones Unidas) y requiere la obligación del Estado de proceder inmediatamente en la investigación de los hechos.

Justicia xenófoba

En su sentencia, el magistrado hace un extenso análisis de las diferencias que realiza la CN entre argentinos y extranjeros, mencionando que “mientras nuestros padres, hijos, hermanos y amigos morían en el conflicto de Malvinas en defensa de la Patria (…) los extranjeros (…) veían desde la comodidad de su hogar el conflicto”. En su desenfadada apología del chovinismo y la xenofobia, el magistrado confunde las diferencias que aparecen en la CN (art. 21; art. 39; art. 338), con las circunstancias que pueden llegar a agravar una pena en el marco de la escala aplicable. Esta torsión de la jurisprudencia la realiza en un exaltado discurso en el que se refiere a la condición de los migrantes en términos de “comodidad de su hogar”, “en la escuela pública y gratuita, se reciben antes”, “los extranjeros se quedan descansando en la seguridad de sus casas”, desconociendo gran parte de la problemática que los organismos internacionales señalan en relación a la migración y que resulta en violación a todos los pactos internacionales y fundamentalmente el art. 14 de la CN la CN y Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.

Contrariamente a lo que sostiene en su fallo el magistrado, la jurisprudencia y normativa internacional en materia migratoria asocia distancia del lugar de origen con aumento de la vulnerabilidad y exige, por parte de los Estados nacionales, mayores obligaciones y cuidados. En este sentido, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) distingue a las personas migrantes cuyas condiciones se enmarcan en un escenario de vulnerabilidad: menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas que han sufrido accidentes o padecen enfermedades, víctimas de la violencia, incluidas las violaciones y los asaltos, y víctimas del tráfico de personas.

Paradigma de “guerra contra las drogas”

En la última jornada de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS) la canciller Susana Malcorra, jefa de la delegación del Estado argentino, alentó el “combate frontal al narcotráfico” y se refirió repetidamente al “flagelo” de las drogas, en línea con las posiciones más aferradas al paradigma vigente de la “guerra contra las drogas”.

El Estado provincial ha priorizado la respuesta del sistema penal en desmedro de la salud pública y de la posibilidad de regulación y control de estas sustancias. En diciembre de 2015, al asumir las nuevas autoridades provinciales, se declaró la emergencia en seguridad y se han llevado adelante operativos policiales contra distintos colectivos, entre ellos el colectivo trans y travesti, estigmatizado por los medios de comunicación que lo vincula con la venta y distribución de estupefacientes.

Desde el CIAJ vemos con suma preocupación cómo se reafirma y naturaliza un paradigma penal y represivo que en todo el mundo se ha mostrado incapaz de abordar en su complejidad el problema social de las drogas, su vinculación con la política y la gestión policial del delito y que a nivel local prevalece, actúa y se sustenta de manera violenta, ilegal y selectiva hacia determinados colectivos estigmatizados y no en su expresión elitista y privatizada (casos Yésica Uscamayta y Time Warp). Ese paradigma es el que se exalta al momento de sostener como agravante las molestias que se genera a los vecinos cuando, en una actividad “fingida” (luego el magistrado relata de manera contradictoria escenas de prostitución pública) la imputada “comercializaba estupefacientes” bajo el disfraz de prostituta en medio de “desfiles indecorosos (…) un permanente ir y venir de compradores de dudosa reputación y gente de mal vivir”. Sobre este punto, sería recomendable recordarle al sr. juez que la venta de estupefacientes es un delito contra la seguridad pública, que el bien protegido es la salud pública y que los consumidores a los que se refiere como “gente de mal vivir” eventualmente resultan ser personas que requieren de la intervención estatal en relación a políticas públicas vinculadas con la salud.

Espíritu de época”

El fallo que hemos analizado se inscribe en una serie de sentencias recientes con gran resonancia mediática que implica un profundo retroceso en amplios sentidos. El cambio en la gestión política nacional parece haber derribado los filtros que habitualmente saben contener los desbordes ideológicos de un Poder Judicial de corte fascista que supo esperar su momento glorioso de expresión. Como hemos dicho, el fallo sobre el caso Claudia se aparta de la jurisprudencia de la CSJN en materia de derecho a la igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino porque viola el art. 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad. Por si esto fuera poco, la sentencia además incurre en exceso de jurisdicción, en tanto se pronuncia sobre hechos no sometidos a decisión del Tribunal, como la exhortación al Intendente de La Plata a adoptar medidas sobre la denominada zona roja. Además de estar fuera de las cuestiones a decidir (que es estrictamente si se cometió un hecho puntual, si alguien es responsable y en qué carácter), el juez toma como ciertos hechos que no surgen de ninguna constancia en el expediente, como la afirmación referente a la gran cantidad de delitos que ocurren en dicha zona (se desconoce cuál es la fuente de información del juez). Y, más grave aún, toma una decisión ajena a sus facultades jurisdiccionales avanzando en definiciones de políticas públicas propias del Poder Ejecutivo, tomando partido por “uno” de los tantos sectores involucrados en la problemática (“los vecinos”), desconociendo la complejidad y gravedad de la situación y en particular las graves vulneraciones de derechos de personas trans y travestis que se encuentran en juego. La vecinocracia es la apuesta política de una justicia que pretende expandir su radio de poder para alcanzar el viejo sueño de legislar.

En un contexto de cada vez mayor criminalización hacia el colectivo de mujeres trans y travestis, de persecución penal y policial pero también de estigmatización mediática (la cobertura del diario EL DÍA merece una denuncia ante el INADI), consideramos de una gravedad inusitada tanto las conclusiones como los argumentos sobre los que se asienta la sentencia. Finalmente, encontramos particularmente grave que el sistema de elección de magistrados vigente permita que personas que demuestran escaso conocimiento del derecho constitucional y convencional de derechos humanos, accedan a ocupar roles de tanta trascendencia como lo son la magistratura y el Ministerio Público.