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Pirotecnia verbal, puntería policial y aplauso vecinal

facundo

La Plata - Lunes 12 de marzo

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

A las palabras no se las lleva el viento y tampoco caen en saco roto. Hay palabras que no son inocentes, que tienen la capacidad de provocar y hacer daño. Cuando la palabra del funcionario se junta con la acción del policía su desenlace no será pacífico. No importa que estemos en Buenos Aires o en Tucumán, un ministro nacional habla para todas las provincias.Las declaraciones del funcionario sobredeterminan aquellas prácticas que, en última instancia, se organizaban a través de distintos rituales violentos.

John Austin nos enseñó que se pueden “hacer cosas con las palabras”, que las palabras además de ser constatativas pueden ser realizativas. Palabras que no se limitan a describir o registrar nada, que no son ni falsas ni verdaderas; palabras que pondrán la realidad más acá de la posverdad. Su objetivo es muy distinto: buscan realizar una acción, provocarla. Vaya por caso las declaraciones de los funcionarios, palabras performáticas destinadas a crear un orden para las cosas.

Hablamos, entonces, de palabras que empujan a las acciones, que las avivan, que legitiman y amparan la violencia. Palabras violentas que crean condiciones para la violencia. Una violencia latente, policial o vecinal, que acecha todo el tiempo, sobre todo cuando la víctima tiene cara de joven, piel morena, viste ropa deportiva y usa gorrita, circula en bici playera o se desplaza en motito tuneada.

Hay un mandato en las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Palabras que no están para allanar distancias sino para abrir un abismo. Palabras explícitas que empujan la violencia haciéndola escalar hacia los extremos. Porque la violencia de la que estamos hablando no empieza con el gatillo policial. Empezó mucho antes, con el verdugueo, es decir, con el destrato y maltrato en cada detención por averiguación de identidad, en cada cacheo, paseo en patrullero o demora en la comisaría. Todas prácticas envueltas en gritos, insultos, burlas, provocaciones, imputaciones falsas, bromas pesadas. Una violencia moral que impacta en la subjetividad de los pibes y las pibas, que cuestiona su identidad y agrede su dignidad. Una violencia simbólica que será subrayada con “toques” y “correctivos” y, en algunos casos, celebrada con golpizas, torturas o fusilamientos por la espalda.

La “doctrina Chocobar” es una doctrina de facto que busca liberar a la fuerza de cualquier formalidad, vacacionando el estado de derecho para habilitar la brutalidad policial. Como sucedió con el protocolo antipiquete, no hay resolución que la avale. Su vigencia no necesita ser rubricada con la firma en el Boletín Oficial: alcanza con la propalación en la prensa empresarial encargada –dicho sea de paso- no solo de blindar las palabras de la ministra sino interpretarlas de acuerdo al resentimiento y la indiferencia vecinal.

Este gobierno elije al cuerpo de los pibes y las pibas para llevar un mensaje a su hinchada, un mensaje que confirme los reclamos de mano dura que milita la vecinocracia a través de la difamación en las redes sociales o los casos de linchamiento o justicia por mano propia. Una vez más, los cuerpos serán la superficie estratégica de control, el lugar donde se inscriben las relaciones de poder.

El gobierno elige hablar a través de la violencia, sus declaraciones patoteras son el rodeo necesario para apuntar al prójimo que se quiere ver bien lejos. A veces las dosis de violencia serán letales, otras veces, se van administrando en cómodas cuotas, poniendo los pelos puntas, dejando un vacío en el estómago, generando a veces vergüenza y humillación, otras veces bronca y rabia. Ese mensaje, que está hecho de intolerancia y prejuicio, que fue madurando al interior de la casa del vecino alerta, recala en la disposición a actuar de manera violenta de los policías. Los cuerpos de los pibes y pibas son el mejor bastidor para sellar un consenso afectivo que revalide las credenciales del macrismo.

Cuando hay que disimular la desocupación, la pobreza y el deterioro de la capacidad de consumo, hay que desviar la atención golpeando duro sobre los actores más vulnerables.

*Docente e investigador de la UNQ. Miembro del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), autor de Temor y Control y La máquina de la inseguridad. Editor de Hacer bardo.