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Nuevo Protocolo para regular la represión de la protesta social

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La Plata - Viernes 19 de febrero

El nuevo “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, presentado en Bariloche hace dos días, viene a cerrar el círculo de medidas contrarias a los sectores populares y pretende instalarse a nivel interjurisdiccional -luego de su adecuación en cada una de las provincias que han expresado su voluntad de adhesión- como dique de contención al reclamo social frente a la batería de decisiones políticas y económicas que golpean rápida y duramente a amplios sectores de la clase trabajadora. Entre la pérdida del 50 por ciento de la masa salarial, el desarme de estructuras de contención del Estado (subsidios y programas sociales), el aceleramiento de la tasa de desocupación y este nuevo Protocolo, hay una relación de continuidad, de paradigma político y de causa y efecto. Tras la fachada del diálogo y el republicanismo se esconden decisiones, actitudes y discursos políticos profundamente antidemocráticos que confirman las evaluaciones previas. Sin haberse siquiera intentado otros caminos, el policiamiento y la criminalización de la protesta son las respuestas inmediatas frente al horizonte de amplia conflictividad social que se avizora. 

La resolución que regula los operativos pretende apoyarse sobre un histórico consenso social que subsiste en determinados sectores sociales donde fraguan y se expanden actitudes estigmatizantes hacia los movimientos sociales y en el que el sentido común propio de discursos como “el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro” resultan un justificativo para el cercenamiento de la protesta. Apoyado en este sentido común, el Protocolo presenta como opuestos el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos constitucionales como el derecho a la “libre circulación”. Bajo esta mirada insólita, todos los derechos “colisionarían entre sí” por lo que podríamos afirmar que el derecho a la libre circulación se vería afectado por el derecho a la propiedad privada -hay territorios por los que no podemos transitar-, por las normas de tránsito o la presencia de mesas de bares y cafés en las veredas públicas. Como corolario de esta posición desquiciada, es la autoridad policial quien se arroga la potestad de decidir qué derechos deben primar por sobre otros. En efecto, el Protocolo se convierte en un Acta de Facto que habilita la discrecionalidad de las fuerzas represivas frente a otros poderes de un Estado democrático, ya que a través de la figura de “flagrancia” pretende evitar la actuación de los órganos de justicia habilitando la represión de las fuerzas de seguridad, generando una suerte de estado de sitio donde se hacen viables las requisas masivas sin causas, el seguimiento a manifestantes, las filmaciones y registro fotográfico que limitan de manera inconstitucional el derecho de inocencia, la libertad de expresión y de protesta y se viola la ley Nacional de Inteligencia (25520) entre otras leyes nacionales y provinciales. La flagrancia es una excepción que brindan los Códigos de Procedimientos para evitar frustrar una detención en curso frente a la urgencia e inmediatez de un delito cometido en ese mismo momento. En esos casos -en una verdadera flagrancia- se permite intervenir a las fuerzas policiales (e incluso a particulares), frente a la inminencia de un delito. Sin embargo, de ninguna manera la flagrancia permite atribuir responsabilidad penal, adjudicar conductas y acciones a personas determinadas ni intimar, dictar sentencias, etc. Por la magnitud, duración en el tiempo (a veces días) de los cortes de ruta o calles, resulta absolutamente inverosímil la aplicación de la flagrancia para estas situaciones evitando de manera automática y estandarizada la intervención judicial.

 Los derechos no son absolutos (tampoco el de la libre circulación) sino que hay algunos que son especialmente protegidos por nuestra Constitución. En ese universo de derechos, la libertad de expresión tiene, por ejemplo, una protección constitucional privilegiada. Dentro de ésta, la expresión política es un subconjunto especialmente amparado por nuestra constitución. Finalmente, la expresión política disidente goza quizás de la máxima protección constitucional pues en ella reside el núcleo central de la democracia: la disidencia y la diversidad como fortalecedoras del sistema democrático y de la vida pública. Por esto mismo, desde un comienzo, resulta inadmisible afirmar que el derecho a la protesta afecte la libre circulación en una lógica jurídica que los equipara. Sin embargo, lejos de esta igualación neutral ya de por sí inaceptable, el Protocolo toma partido por uno de los derechos en supuesta pugna (la circulación) y en su defensa pretende cercenar el otro. Esta decisión queda aun más expuesta cuando se impone, como decíamos antes, una mirada clasista, exclusivista y estigmatizante que naturaliza la asociación protesta-delito, ya que determinadas manifestaciones propias de la clase media o incluso media-alta (festejos o manifestaciones por eventos deportivos o culturales) que también “afectarían la libertad de circulación” no quedan comprendidas en los términos del Protocolo. En este sentido, si bien el protocolo utiliza eufemismos recurrentes y un lenguaje aparentemente neutral, las “manifestaciones públicas” sobre las cuales pretende intervenir no son otra cosa que las protestas sociales y políticas disidentes. De ahí que presupone la existencia de un “líder o representante” del grupo de manifestantes (art. II), y asocia las “manifestaciones” con la posibilidad cierta de ocurrencia de delitos. Los arts. III, IV y V refieren las acciones a tomar en caso de la comisión de delitos de acción pública (sugiriendo que los manifestantes muy probablemente sean “delincuentes”), y nuevamente avanza sobre materia no delegada por las provincias: indica la inmediata detención por el delito de daño, lo cual es materia propia de los Códigos Procesales provinciales, no siendo el delito de daño detenible en la mayoría de ellos (por no decir en todos).

Rápidamente, entendemos este Protocolo como fruto de un acto inconstitucional que crea, por ejemplo, una tipología delictiva (facultad exclusiva del Congreso Nacional, art. 75 inc. 12 de la CN) no presente en nuestro Código Penal: en Argentina no está prohibido usar capucha, portar palos, combustible ni pirotecnia. No obstante ello, en el art. III el Protocolo habilita a las FFSS a “aislar e identificar” a algún manifestante (es decir, privarlo temporalmente de su libertad personal) en caso de que éste portara tales elementos. La inconstitucionalidad de esta resolución se expresa también al crear tipos penales abiertos que habilitan nuevas intervenciones policiales arbitrarias al permitir requisas sin causas frente al posible peligro de que los manifestantes porten “cualquier otro artículo que pudiere dañar” (punto III). Finalmente, la inconstitucionalidad de este protocolo queda expuesta cuando, una vez más, regula cuestiones que están previstas por normas de jerarquía superior, como por ejemplo cuando habilita a iniciar acciones civiles por daños y perjuicios ocasionados en el marco de una protesta, por sobre las regulaciones propias del Código Civil y Comercial que tienen disposiciones especiales para ello y sólo permiten accionar al titular de la cosa dañada. Esta responsabilidad civil en cabeza de la organización por daños surgidos en la protesta es una forma de despolitizar a la sociedad mediante la privación de sus bienes o su personería jurídica.

Uno de los mayores problemas del Protocolo es que se asienta en un paradigma de intervención coercitiva desde el Estado y hacia quienes protestan. Salvo la abstracta referencia del art. II respecto a que la autoridad “deberá canalizar los reclamos a las áreas que correspondan”, no existe disposición alguna que obligue concretamente a los funcionarios o instituciones a quienes van dirigidas las protestas, a escuchar las demandas concretas, mucho menos a responderlas en un plazo o medios determinados. Entonces, se pretende neutralizar y desarmar la protesta mediante la confección de un acta (art. II) que deberán firmar “todos los involucrados” sin garantía de que los reclamos serán escuchados. Por el contrario, todo hace suponer que el acta se va a utilizar como medio para identificar y asignar responsabilidad penal a quienes la firmen en representación de la organización.  La agenda política de estos días nos obliga a ser reiterativxs en nuestras posiciones, y como hemos dicho frente a la detención de Milagro Sala, no hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disenso y de expresión de demandas. En este sentido, este Protocolo es la consubstanciación e instrumentación operativa de la criminalización de la protesta y es de esperar que se transforme en ariete y metodología para la anulación del reclamo. Pensar la protesta social a partir del derecho penal y esgrimir respuestas violentas que ponen en riesgo la integridad física de los manifestantes y sus derechos, es atentar contra la democracia misma.