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Ni errores, ni excesos: cuestiones de rutina

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La Plata - Martes 3 de septiembre

Compartimos nota que aparece en la revista Materia Pendiente N 18, escrita por su editora Josefina Oliva

El programa universitario “El derecho a tener derechos” se suma a la Campaña Nacional contra la violencia institucional

El equipo de extensión que viene trabajando desde 2005 participa de la iniciativa que surgió a fines del año pasado, para visibilizar y luchar contra la violencia que se ejerce por parte de los poderes del Estado. “Ni un pibe menos”, es la idea central. Generar una herramienta política para enfrentar la problemática y “poner en crisis” la mirada “policialista” de la seguridad, son algunos de los grandes desafíos.

Que te paseen en patrullero, el armado de causas, las paradas extorsivas en las comisarías, la persecución y hostigamiento, el maltrato y destrato, las coimas, la paliza y las torturas, las desapariciones, el gatillo fácil. Para instalar un debate y poner en agenda un tema que persiste a 30 años de la vuelta a la democracia, surgió, a fines de 2012, la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. Se trata de una iniciativa plural, a la que se sumaron diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, legisladores del Frente para la Victoria, el movimiento Evita, funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial, y de la sociedad civil en general. Una de ellas es el Programa de Extensión “El derecho a tener derechos”, dependiente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que viene funcionando desde hace ocho años.

Desde el Programa, vieron a la Campaña como una buena posibilidad para visibilizar la problemática, poder trabajarla con diferentes actores, y abordarla desde una perspectiva que no vea a la violencia institucional como excesos ni errores de las fuerzas de seguridad. “La idea era no solamente meternos en la Campaña porque arroja visibilidad sobre determinada problemática, sino porque tiende a abordarla de esta manera: la violencia institucional no como un hecho excepcional, que se explica en el policía loco, sino como parte de una rutina institucional que hay que poner en crisis”, plantea Esteban Rodríguez, abogado, director del programa “El derecho a tener derechos”. “Cuántas purgas, exoneraciones, sumarios se han hecho en los últimos 20 años y la policía sigue funcionando de la misma manera. La violencia institucional está hablando de determinadas rutinas, modos de estar en la sociedad, en la calle, maneras de relacionarse con determinados colectivos que son referenciados como problemas”,

afirma quien es además docente, investigador y extensionista en la UNLP y en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Rodríguez explica que a través de la experiencia previa de “El derecho…” con las organizaciones sociales, veían que, cuando llegaba el momento de abordar la problemática “estaban todos cansados, no había militantes, no había recursos, no había energía y no había tiempo para dedicarle”, por lo que vieron a la Campaña como una buena posibilidad para tratarla.

Además, al equipo de extensión le interesó el “carácter pluriactoral” de la Campaña, ya que incorpora a organizaciones sociales, a víctimas de la violencia institucional y de derechos humanos; y el “carácter multiagencial”, en tanto que participan legisladores, miembros de ministerios públicos, y funcionarios que hoy están gestionando la seguridad ciudadana.

“El derecho a tener derechos” es una experiencia de extensión universitaria, cuya unidad ejecutora es la Facultad de Periodismo, -en co-organización con el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica). El mismo ha sido acreditado por la UNLP desde el año 2005 y por el Programa Voluntariado del Ministerio de Educación de Nación, en las convocatorias de 2006 y 2008. “El derecho…” trabaja en la capacitación y promoción de derechos humanos y comunicación comunitaria destinada a referentes de organizaciones sociales.

Desde que se sumó a la Campaña el equipo de “El derecho…” participa de las discusiones que se vienen generando, y han desarrollado numerosas actividades y talleres. Un gran aporte es «El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos para organizaciones sociales» el material que publicaron en 2008 –del cual hablamos en el número 4 de Materia Pendiente-, para distribuir a las organizaciones sociales y brindar asesoramiento sobre los derechos humanos, partiendo de dos grandes ejes como el derecho a la protesta social y a la ciudad, e informando cómo responder frente a los casos de violencia institucional. Hoy el Manual forma parte de los principales insumos de difusión y capacitación, y se encuentra disponible para descargar en la página web de la Campaña: http://www.contralaviolencia.com.ar/

 Visibilizar, asesorar, acompañar

La Campaña trabaja, por un lado, en la formación de promotores y voluntarios que realizan el rastreo de los casos de violencia institucional en el territorio, sobre todo en los barrios más humildes, y por otro lado con un equipo de abogados, que conforman la Asesoría Legal de la Campaña.

Para la formación de promotores se realizan encuentros por diferentes zonas. Hasta ahora se llegó a las provincias de Mendoza, Santa Fe, Chaco y Córdoba. “El derecho a tener derechos” participó de la formación de 300 promotores del Conurbano, y este año están viajando por diferentes lugares del interior llevando adelante talleres itinerantes, además de hacer actividades para chicos de escuelas secundarias.

Los promotores se encargan de conocer la cantidad de casos de violencia institucional existentes en cada zona; promover en cada barrio, universidad, escuela, club y espacios culturales, la expresión y el abordaje de la violencia institucional; y reunir los recursos necesarios para acompañar casos concretos en articulación permanente con la Asesoría Legal.

En cada distrito hay un responsable que se contacta con el equipo de coordinación de la Campaña, que evalúa la intervención de los abogados según el lugar en que ocurrió y el tipo de emergencia a atender. Los profesionales están disponibles una vez por semana en los barrios, con un teléfono abierto las 24 horas, y se trabaja con el apoyo a las víctimas y a sus familiares.

“La idea es acompañar a las víctimas, en un proceso de articulación por regiones, para luego generar una gran red de familiares de víctimas, ayudando a que su caso se difunda, a conseguir abogados y audiencias con funcionarios, con legisladores, con magistrados, es decir, no dejar sola a la víctima”, explica Rodríguez.

Como indica el coordinador del programa universitario, la Campaña está regionalizada, lo que implica trabajar entendiendo que, más allá de que la violencia institucional se da en todo el país, la misma presenta sus particularidades y hay que tenerlas en cuenta: “una cosa es lo que sucede en las grandes ciudades y otras es la manera en la que la gendarmería, o determinados grupos de seguridad privada o parapoliciales, tiene en Formosa con los qom. La violencia institucional tiene algunos contextos muy particulares que no hay que perderlos de vista”, aclara.

Otras actividades que el Programa está desarrollando en base a la Campaña es la organización de micros audiovisuales referentes a la problemática, en conjunto con cineastas de la Facultad de Bellas Artes (UNLP) que se emitirán por Canal Encuentro; la realización de trípticos, junto con el Ministerio de Educación, para ser distribuidos a través de los centros de estudiantes secundarios a los alumnos; y folletos, para armar una suerte de pequeños manuales de cómo tienen que trabajar los docentes el tema, en sus clases, con los jóvenes.

Desde la Campaña se realizan, al mismo tiempo, charlas y talleres. Se hacen murales, se organizan festivales y jornadas de cine debate con películas relacionadas a la violencia institucional, para trabajar en los barrios.

 No hay violencia policial sin violencia judicial

Desde la Campaña dicen “ni un pibe menos”, haciendo referencia a los jóvenes más vulnerables y pobres, que aparecen como los principales actores que sufren este tipo de violencia.

Ese es un primer objetivo. “Otro objetivo”, manifiesta Leonardo Rebolino, coordinador de la Campaña, “sería construir el consenso social para que esto sea posible”, y “poder construir una organización territorial, de los niños y jóvenes que no estudian ni trabajan y que muchas veces son un terreno de disputa del narcotráfico, de la delincuencia, de la trata, de un montón de delitos.Si no se los incorpora a la sociedad, con trabajo, educación,salud, a esos pibes los gana el narcotráfico, el delito, el vicio. Tenemos ahí otro objetivo, que es generar organización de los sectores de la juventud, de los sectores populares”.

Los datos que arroja la página de la Campaña indican que en los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. “El asesinato de Walter Bulacio, Miguel Bru, la Masacre de Floresta, la desaparición de Luciano Arruga, los crímenes de Cárcova (Masacre de José León Suárez), Lucas Rotella en Baradero, Sebastián Bordón en Mendoza y Lautaro Bugatto en Burzaco, no son hechos aislados y desconectados entre sí”, afirman. “Todos fueron víctimas de la inseguridad policial, consecuencia de las prácticas violentas ilegales de las fuerzas de seguridad, herencia de tiempos oscuros de nuestra historia”.

En enero de este año, el Congreso nacional sancionó la ley la Ley 26.811 que declara al 8 de mayo como Día Nacional Contra la Violencia Institucional. Ese día de 1987 la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera (26 años), Oscar Aredes (19 años) y Roberto Argañaraz (24 años) en una esquina de su barrio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La Masacre de Budge, como se la conoce, popularizó, la expresión “gatillo fácil” y fue el primer caso desde el retorno de la democracia que generó organización y movilización contra la impunidad y la violencia policial procesos de justicia, con respecto a los casos de violencia institucional, se lleven a cabo, para evitar que vuelvan a suceder. “No existe la violencia institucional si no existe la complicidad judicial.

Recientemente tuvimos el caso de una sentencia del caso de Gastón Duffau –que falleció en febrero de 2008, en el trayecto desde una comisaría a un hospital donde fue llevado en camioneta policial- de absolución de todos los policías implicados en el asesinato. Imaginemos qué piensan esos policías que mataron y que, llegado el juicio, los absolvieron a todos: tienen la libertad de volver a hacerlo y, para todos sus pares, es un ejemplo de que no se juzgan los casos de violencia policial”.

 Contra la mirada policialista

La Campaña hace hincapié en la importancia de dar un debate sobre el tema de violencia institucional, no solamente por las responsabilidades que le caben al Estado, sino también por una visión que está instalada en la sociedad y que pide más policía.

Una postura que tiende además a estigmatizar y a responsabilizar siempre a los mismos actores sociales, que son por lo general, jóvenes y pobres, y cuya primera violencia que sufren es ser privados de sus derechos más básicos. “Entonces ahí hay una coincidencia, una correspondencia que no es menor, porque justamente en realidad ese mismo punto de partida, ese sentido común, esa opinión que la sociedad tiene sobre estos temas, legitima y habilita al poder punitivo a actuar de determinada manera y no de otra”, plantea Rodríguez.

Con esos argumentos el director del Programa de Extensión reflexiona acerca de lo que denomina una mirada policialista de la seguridad, que entiende que seguridad es igual a policía. “La policía entonces se presenta como respuesta a todas las preguntas, como la respuesta del millón, y en realidad esa mirada policialista uno la puede encontrar no solamente en la gestión pública, en los funcionarios responsables de la gestión de la seguridad, sino también en la sociedad. Tanto los funcionarios policiales como ministeriales no son extraterrestres, están inscriptos en una sociedad que tiene esa mirada también policialista de la seguridad.

Si no hay olfato policial sin olfato social, eso quiere decir que las tareas para la militancia se duplican”, advierte y enfatiza acerca de lo que aparece como un desafío para las organizaciones sociales: “poner en crisis esa concepción policialista de la seguridad al interior del Estado, supone poner en crisis también esa perspectiva policialista que tiene la sociedad de la seguridad”.

Pero no solamente hay que romper con esa mirada instalada en la sociedad, sino que también hay que trabajar sobre cómo las propias víctimas naturalizan, muchas veces, la violencia que se ejerce sobre ellos. En ese sentido Rodríguez afirma: “Para muchos actores la violencia sistemática de averiguación de identidad forma parte de las reglas de juego, de los obstáculos normales, con el derrotero eventual con el que se pueden encontrar cuando están en el barrio o están saliendo del barrio hacia el centro de la ciudad, por ejemplo. Entonces, hay que también poner en crisis esas interpretaciones naturalizadas. Decirles: ‘no está bien que a vos te detengan cuarenta veces en un año’, ‘no está bien que a vos te saquen una foto cuando te llevan por averiguación de antecedentes a una comisaría ni que te paseen en patrullero”.

 Una larga agenda

El último 26 de abril la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reprimió salvajemente a los manifestantes, pacientes y trabajadores del Hospital Borda, que se encontraban tratando de frenar la demolición de un taller protegido para los pacientes del centro de salud, en donde el gobierno de Mauricio Macri pretende construir oficinas para el Ejecutivo comunal.

En mayo de este año, el titular de la Defensoría Oficial de Menores N° 16 de La Plata, Julián Axat, denunció la seguidilla de homicidios de siete jóvenes de entre 11 y 17 años cometidos en los últimos once meses en la ciudad, ante la Suprema Corte Bonaerense, cuyas causas tienen los mismos patrones de impunidad y en las cuales los chicos habían denunciado hostigamientos, persecuciones, torturas o apremios. En Formosa, miembros de la comunidad Qom sufren constantes represiones y muertes en sus comunidades. Se trata sólo de algunos y de muy diferentes casos que agrandan la agenda de la Campaña. En este sentido Esteban Rodríguez señala: “En la jornada que se realizó el 3 de mayo en la Plaza del Congreso (CABA), en el marco de las actividades por el 8 de mayo, Día nacional contra la violencia institucional, se hizo una agenda de temas que merecen ser abordados y tratados. Estaba no solamente la criminalización y la represión de la protesta social, donde trabajamos el tema de los qom. Había una mesa de violencia institucional y género, otra donde también trabajamos problemas carcelarios. Creo que la lista de temas es bastante larga en la Argentina todavía”.

Sobre la Mesa

Entre los materiales que se encuentran disponibles en la página de la Campaña se encuentran el Manual de “El derecho a tener derechos”, un tríptico que indica “Qué tenés que hacer si te detienen”, el Protocolo de actuación de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas, y el “Informe Anual” del Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, otro de los organismos que componen la Mesa de la Campaña.

La Comisión por la Memoria trabaja este año con la consigna “A 30 años de democracia, tortura nunca más”, “con el objetivo de impulsar transformaciones institucionales, sociales, políticas y culturales que permitan erradicar esta práctica sistemática, cometida por las fuerzas policiales, penitenciarias y por personal de custodia de los centros de encierro, pero consentida, avalada y promovida por el poder político y judicial”.

El Comité realiza, desde el año 2005, monitoreos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de prevenir y denunciar violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Integran además la Mesa de la Campaña: el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), el Ministerio de Seguridad

de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, AJUS (Abogados por la Justicia Social), CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación ), SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), partido Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Ministerio de Educación de la Nación y Familiares de Víctimas de Violencia Institucional.

Poner en juicio el olfato social

Una de las formas que el equipo de “El derecho a tener derechos” implementa en los talleres para trabajar la problemática de la violencia institucional es la puesta en escena de un juicio popular a un grupo de pibes acusados por vecinos del barrio. A partir de esa propuesta los participantes trabajan en grupos reflexionando y discutiendo sobres ciertos argumentos estigmatizantes, sobre el olfato social, como mecanismo que permite la estigmatización a ciertos grupos sociales juveniles, “habilitando determinadas prácticas cotidianas y sistemáticas, discriminatorias, violentas y abusivas, policiales y sociales. Así como también sobre el rol de las organizaciones sociales frente a aquellos discursos, estereotipos construidos y procesos de estigmatización que habilitan tales prácticas”, explican desde el proyecto, en su blog: http://derechosatenerderechos.blogspot.com.ar

 http://revistamateriapendiente.blogspot.com.ar/2013/08/salio-el-n-18-de-materia-pendiente.html