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Movilización a dos años de la muerte de Mariana Condori

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La Plata - Lunes 17 de marzo

Mariana Condori tenía 20 años y tres hijos. El 14 de marzo de 2012 fue hallada muerta en su casa de Villa Elvira, donde vivía con quien era su pareja, Gabriel Maldonado, y la hija de ambos. Pero la historia de violencia que vivía Mariana no había comenzado ese día. El  Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica se tomó la representación judicial del caso con el objetivo de reconstruir esa historia y visibilizar que la violencia de género no es un problema de puertas para adentro y que el Estado es parte responsable del ejercicio de esa violencia. En el marco de un nuevo aniversario, organizaciones sociales y de mujeres acompañaron a la familia en una movilización para pedir justicia.

Otro de los reclamos de la actividad, fue que la  ex sede del archivo dela oficina de Rentas de la provincia sea cedida a las organizaciones que trabajan en el abordaje y prevención de situaciones de violencia de género. Por ello, la marcha que comenzó en los juzgados de 7 y 56 finalizó su recorrido en 7 entre 45 y 46, frente al edificio donde fue asesinada la estudiante peruana, Sandra Ayala Gamboa en 2006, y que se convirtió en emblema de la lucha por el derecho de las mujeres.

Acompañaron el reclamo familiares de víctimas de femicidio, como Daniel Galle y Patricia, mamá de Marisol Gunther. Entre las organizaciones convocantes estuvieron la Campaña contra las Violencias y la Multisectorial contra la Violencia de Género de La Plata.

La causa

El 7 de marzo de 2012 Mariana sufrió una golpiza por parte de Maldonado, hecho que denunció en la Comisaría 3ra de Los Hornos. No era la primera agresión que recibía la joven, sin embargo en la Comisaría no le preguntaron nada sobre hechos anteriores. Mariana no pudo ir al cuerpo médico ni  al hospital  para constatar las lesiones, por falta de recursos para su movilidad. La denuncia fue recibida en la UFI Nro.6  a cargo del Fiscal Marcelo Romero, quien  dispuso citar a Mariana a una audiencia de mediación junto con Maldonado “a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto”. Proponiendo así que la pareja resolviera su conflicto y desconociendo de este modo el riesgo que constituían para la propia vida de la joven, las sistemáticas violencias a las que estaba expuesta por parte de Maldonado. La causa finalmente salió de fiscalía para notificar a Mariana el día 13 de marzo, y el 14 Mariana fue hallada muerta por asfixia en su casa. Esa causa también tramita en la misma Unidad a cargo de Romero.

En 2012, al cumplirse 6 meses de la muerte de Mariana, sus familiares y el CIAJ solicitaron que se sancione al  fiscal Romero por la gravedad de la decisión de llamar a mediación. En el mismo sentido, pidieron a la Procuración General de Justicia de la Provincia que se capacite a fiscales, defensores oficiales y jueces  acerca de cómo abordar a las víctimas de violencia de género e instruir adecuadamente las causas donde se investiguen estos hechos, a través de la elaboración de un Protocolo de actuación para estos casos.

En tanto, en marzo de 2013, al cumplirse un año de la muerte de Mariana, el CIAJ solicitó que se llame a indagatoria a Maldonado  y que se investigue una decena de delitos ocurridos en un contexto de violencia de género, cometidos previo a la muerte de la joven. Entre estos delitos se encuentran varias lesiones tipificadas como “leves” por el Código Penal, relegando estos hechos al ámbito privado, violando así  los tratados internacionales de los derechos de las mujeres.  En la misma presentación el CIAJ formuló una demanda de inconstitucionalidad del artículo 72 inciso 2 del Código Penal, que supedita la investigación de algunos delitos considerados leves, a una acción de la propia víctima. Esta definición encuentra su sentido en la concepción jurídica tradicional de considerar a los delitos cometidos en el marco de la violencia intrafamiliar como de instancia privada, omitiendo la responsabilidad pública que el Estado ha adquirido en numerosos tratados internacionales.

El fiscal Romero había decidido cerrar la Investigación Penal Preparatoria procesando  a Maldonado por instigación al suicidio -figura jurídica difícil de probar-, desechando así el pedido de las abogadas del CIAJ de que se lo investigue por todos los delitos cometidos con anterioridad a la muerte de Mariana; medida que motivó la queja de las letradas ante la Fiscalía General, que finalmente ordenó a Romero investigar los hechos denunciados como delitos autónomos.

Así es como en  noviembre de 2013 el fiscal Romero, cumpliendo la orden de su superior, hizo lugar al pedido de las abogadas representantes de la familia e integrantes del CIAJ, y convocó a audiencia indagatoria a Gabriel Maldonado. Sin embargo, el defensor oficial del acusado pidió suspender la audiencia y  planteó que Mariana no había hecho denuncias previas sobre todos los delitos que se le imputan a su defendido y que en la única denuncia ante la comisaria que hizo, no dejaba expresamente dicho que quería que se investigaran esos delitos. Y es que la denuncia fue mal tomada por la policía. De esto se quejó el CIAJ y argumentó que frente a la imposibilidad de que hoy la víctima pudiese resarcir ese error no debe ser ella -o su familia, ahora- la afectada por la negligencia de agentes del Estado.

Frente a los planteos del defensor oficial el CIAJ solicita que los mismos sean desechados y pide que se analice también la inconstitucionalidad del artículo 72 inciso 2 del Código Penal. La jueza de Garantías, Marcela Garmendia, sin expedirse explícitamente respecto del planteo realizado por las abogadas del Colectivo, resolvió que a pesar de considerarse las lesiones leves como delitos del ‘ámbito privado’, en este caso deben investigarse por encontrarse comprometido el interés público.

El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica sostuvo en dicha presentación que “el hecho de que la legislación reconozca que uno de los delitos más paradigmáticos de la violencia de género -es decir, las lesiones leves que ocurren en el ámbito de las relaciones familiares-, sea considerado como acciones de instancia privada hace que la ley penal adopte uno de los elementos más significativos de la cultura patriarcal; a saber, que los asuntos privados, domésticos, particulares o íntimos, deben estar exentos de intervención estatal”.

Por una justicia con perspectiva de género

Si bien los femicidios son la manifestación más extrema de la  violencia de género, los golpes, las amenazas, la violencia psicológica y las ataduras económicas son la antesala. Por su parte, la intervención deficiente de los agentes del Estado -entre ellos el poder judicial y la policía- reproducen las relaciones de poder desiguales y de violencia, reforzando con sus prácticas la desprotección hacia las mujeres.

Cada una de las presentaciones del CIAJ en el marco de la causa por la investigación de la muerte de Mariana Condori tuvieron entre sus metas denunciar y proponer alternativas a las prácticas patriarcales enquistadas en la estructura del sistema judicial. Asimismo, visibilizar que la muerte de Mariana no está desvinculada a varias situaciones de violencia que la joven sufría con anterioridad, que estos hechos a su vez no son aislados sino que son parte de un contexto de violencia de género, y que en ese sentido todos y cada uno de ellos deben investigarse dentro de ese marco.

A dos años de la muerte de Mariana Condori, el CIAJ se sigue preguntando sobre las responsabilidades que le caben al propio estado, que a través de sus distintos agentes (comisarias, hospitales, juzgados) se informa de casos como el de Mariana Condori y no actúa o actúa mal; de las dificultades que encuentran las mujeres en los casos de violencia de género para lograr el efectivo acceso a la justicia; y por todo el camino que aún falta recorrer para adecuar las prácticas judiciales al real cumplimiento de los tratados y derechos internacionales adscriptos por el propio estado argentino.

En este sentido, el Colectivo afirma que considerar a los delitos en el marco de la violencia intrafamiliar como del ámbito privado reproduce una mirada tradicional basada en un sistema patriarcal donde se cree que la violencia de género se resuelve puertas hacia adentro de las casas. Plantear esta modificación implica que la sociedad asuma que la violencia es un problema social.