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Miguel Bru: 23 años de continuidades

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La Plata - Viernes 19 de agosto

 Al cumplirse 23 años de la desaparición de Miguel Bru, y ante la ausencia de avances en la causa que permitan saber qué pasó con el cuerpo del joven, su mamá, Rosa Schonfeld de Bru, se encadenó en los tribunales platenses de 7 y 57 para reclamar el apartamiento del fiscal de la causa, Fernando Cartasegna. Rosa sostiene que al funcionario judicial no le interesa la búsqueda de los restos de Miguel ya que en estos últimos 6 años en que la causa radicó en la fiscalía a su cargo, el Dr. Cartasegna sólo ordenó la realización de 2 rastrillajes.

Miguel fue detenido, torturado, asesinado y desaparecido por efectivos policiales de la Comisaría 9ª de La Plata. En el año 1999 se realizó un juicio oral y público, en el cual se condenó a perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo López por su muerte y desaparición y al ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto, por encubrimiento.

Sin embargo, la lucha por justicia continúa porque existen complicidades que no han sido investigadas y porque el cuerpo de Miguel continúa desaparecido.

23 años después nos encontramos con la persistencia de aquellas prácticas denunciadas en la causa de Miguel.

Durante los años 2015 y 2016, el CIAJ ha llevado adelante una investigación sobre violencia institucional en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. En el marco de esta investigación se han analizado expedientes judiciales en los cuales se investigan las muertes de civiles a manos de funcionarios de la policía.

A partir de esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

  • La investigación judicial sigue en la cabeza de la autoridad policial: a pesar de la existencia de una resolución de la Procuración desde el año 2001, en los hechos, quienes realizan el acta de procedimiento, las pericias y las primeras acciones investigativas sigue siendo la policía de la provincia de Buenos Aires.

  • Ausencia de cuestionamiento del acta de procedimiento: los operadores judiciales -sea por pereza, irresponsabilidad, incompetencia o complicidad- suelen aceptar sin mayores cuestionamientos la versión sobre los hechos sugeridos (a través del relato que se practica en el acta) por los agentes policiales.

  • Falta de representación de la víctima: en la Provincia de Buenos Aires no existe ningún ámbito (ya sea dependiente del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia o Seguridad) que represente a las víctimas de violencia institucional en las causas penales que se inician para dilucidar los hechos cometidos contra sus personas o las de sus familiares. Si bien existen áreas de Asistencia a la Víctima, éstas no las representan procesalmente en las causas penales.

  • Falta de cuestionamiento normativo: no resulta una práctica habitual por parte de los agentes fiscales, solicitar normativa vigente que regule cómo debe ser el actuar policial. Ello, por cuanto se delega en la Auditoría de Asuntos Internos la posible violación de la reglamentación interna. Por otro lado, en los últimos años, el funcionamiento de la Auditoría de Asuntos Internos se caracterizó por dos rasgos: supeditar sus acciones al avance de las causas judiciales o a responder requerimientos de los jueces, y actuar de forma reactiva, caso a caso. Entendemos necesario replantear el funcionamiento de la auditoría para evitar este tipo de abordajes que buscan minimizar el problema institucional que subyace a las graves irregularidades administrativas en las que incurren muchos funcionarios policiales.

  • Encuadramiento del actuar policial en causas de justificación: una situación recurrente en este tipo de causas es que los operadores judiciales recurran a la figura de la legítima defensa como causa de justificación de la actuación policial. En algunos casos el Ministerio Público Fiscal lo plantea de manera inmediata y sin que haya mediado una solicitud por parte de la defensa. A veces, sin siquiera esperar los resultados de las pericias que permitan corroborar la versión plasmada en el acta policial. La sola argumentación de la existencia de un arma en poder del agresor basta para tener por acreditada la causal de justificación.

  • Investigación compartida entre el delito imputado a la víctima y el homicidio: las causas analizadas por las muertes de personas a manos de personal policial se encuentran acumuladas con los delitos contra la propiedad que estas personas habrían cometido. Ello provoca un apartamiento de una premisa central de las recomendaciones sobre el deber de debida diligencia que es centrarse en la investigación sobre las muertes.

  • Control de las armas de fuego: en la mayoría de las causas no se investiga el origen del arma. En la provincia de Buenos Aires existen serias falencias en materia de control de las armas de fuego, municiones y otros materiales controlados. Particularmente grave es el déficit en el control de las armas bajo custodia estatal. Se trata de un problema que impacta en la producción de violencia ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilita el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales.

En síntesis, estas prácticas sumadas a la falta de acceso a la información contribuyen de manera encadenada a que la corporación judicial y policial consolide su poder a través de la impunidad.

Desde el CIAJ acompañamos a Rosa en su lucha y exigimos que la justicia resuelva de manera urgente la causa para que la familia pueda llegar a la verdad y se termine de condenar el entramado de complicidades y silencios existente entre la Policía Bonaerense y la justicia provincial y que rodearon el asesinato y desaparición de Miguel. 

Entender estas continuidades para desterrarlas de las prácticas policiales y judiciales es la única forma en que se reducirían las posibilidades de nuevos casos de violencia, muerte e impunidad.

Foto: Gabriela Hernández