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Mariana Condori: dificultades de acceso a la justicia para las mujeres que denuncian violencia de género

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La Plata - Sábado 10 de octubre

 

La causa que lleva casi 4 años expone las falencias estructurales del sistema de acceso a la Justicia y además deja en evidencia que aún hoy el Código Penal reproduce relaciones desiguales entre los géneros. El “contexto de violencia de género” como estrategia jurídica.

Mariana Condori tenía 20 años y era madre de tres hijos. En el 2012 vivía en pareja con Gabriel Maldonado con quien pasó un año y medio. Maldonado ejercía todo tipo de violencias hacia Mariana: violencia física, psicológica, agresión hacia sus hijos, obstrucción de su autonomía económica. Cuando Mariana por fin se animó a hacer una denuncia en la Justicia -la única que llegó a hacer- fue recibida por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Nro. 6 de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Romero quien dispuso en ese momento: “…se cite a la víctima a efectos de que manifieste cuál es su situación actual respecto del ilícito denunciado, como así, si presta conformidad en la iniciación de un proceso de mediación con la intervención de la Secretaría respectiva a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto…”. La causa finalmente salió de la fiscalía para notificar a Mariana el día 13 de marzo de ese año, pero al día siguiente Mariana fue hallada muerta por ahorcamiento en su casa del barrio de Villa Elvira.

A partir de la demanda de una organización territorial del barrio de Los Hornos de La Plata, en marzo de 2012, desde el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), nos pusimos en contacto con la familia de Mariana y en los pasillos de los tribunales penales de La Plata, conocimos a Alejandra Pereyra, su madre. Junto con ella iniciamos una larga lucha que lleva casi 4 años. Asumimos el patrocinio de la causa y la acompañamos en el desafío de que la institución judicial visibilice la violencia de género como una de las formas de violencia que mayor daño causa a las mujeres. A 3 años y 7 meses de ocurrida la muerte de Mariana aún no sabemos por qué delitos llevarán a Juicio al agresor ni cuándo será el debate oral.

Presionado por una denuncia presentada por el CIAJ que lo acusaba de haberle propuesto a Mariana días antes de su muerte una mediación penal con el agresor que está prohibida por los organismos internacionales, el fiscal que entiende en la causa no sabía cómo lograr una imputación lo suficientemente grave que justificara la detención del acusado y corrigiera ante la opinión pública sus graves “errores”. De esta manera, la fiscalía comenzó a investigar en la misma causa la comisión de delitos menores contra víctimas totalmente diferentes a Mariana (daño y robo de un celular) que llevó rápidamente a la detención y demonización de Maldonado como un ladrón.

Esa causa de robo, en medio de una investigación por violencia de género, provocó una confusión de actuaciones e intervenciones cruzadas de actores que intervenían en distintas etapas de un mismo proceso y que estaban en momentos procesales diferentes.

Pese a las sospechas iniciales que podían indicar un homicidio, pasados unos meses y luego de varias pericias, fue apareciendo con mayor claridad que Mariana se quitó la vida por sus propios medios. Pero también, fue quedando en evidencia que Mariana había llegado a ese desenlace por el desamparo Estatal y el grave contexto de violencia intrafamiliar que vivió por mucho tiempo.

Finalmente, el fiscal indagó a Maldonado por el delito de instigación al suicidio que prevé una pena muy baja. El Código penal no establece tipos penales que vinculen las situaciones de instigación al suicidio como propias de un contexto de violencia de género. He aquí uno de los primeros obstáculos de las víctimas que denuncian estas situaciones.

Los tipos penales que ofrece el catálogo del código representan conflictividades que reproducen o están asociadas a las relaciones desiguales entre los géneros. Los delitos que se aplican a la problemática de género son, por ejemplo, delitos menores (lesiones, amenazas) que no se concursan entre sí. Todos de ejecución instantánea y no de ejecución duradera, estos delitos no contemplan modalidades de agravamiento diferenciadas como las de género.

No conformes con esa decisión, desde el Ciaj -forzando las estructuras existentes- pedimos que se indague a Maldonado por al menos 10 delitos más que había cometido contra Mariana: privación ilegítima de la libertad; amenazas con armas; daño; lesiones graves; lesiones leves; etc. Todo ello, no con una finalidad punitivista sino con la estrategia jurídica de que en su conjunto quedara reflejada la situación que había vivido Mariana. Es decir, que en la multiplicidad de acusaciones logramos traducir en delitos el concepto de “contexto de violencia de género”.

Luego de varios planteos judiciales, Maldonado fue indagado por 9 delitos y además por el delito de instigación al suicidio. Sin embargo, luego de ese “logro” todo se fue complicando. La defensa planteó que Mariana no había denunciado varios de esos delitos y como según el Código Penal muchos de ellos son de “instancia privada”, la Cámara de Apelaciones y Garantías lo sobreseyó (en 5 de esos 9 delitos).

Sin embargo, el planteo de la Cámara es un planteo que ya ha quedado en desuso en la jurisprudencia nacional. En relación a esa sentencia de la Cámara el CIAJ interpuso un recurso de Casación y a esta altura será el máximo Tribunal de Justicia Penal de la Provincia el que defina si esos delitos que padecen a menudo las mujeres (lesiones leves) son de interés público o el Estado sigue cargándole a las víctimas -además de todo el padecimiento- que también realicen fórmulas sacramentales al momento de anoticiar a la autoridad pública la violencia que sufren.

Mientras tanto la causa de Mariana siguió avanzando por los delitos restantes, aunque al fiscal Romero se le “olvidó” el delito por instigación al suicidio. Cuando desde el CIAJ se lo hizo saber, éste requirió elevar la causa también por ese delito, un año después de lo que debió suceder y fue la Dra. Garmendia la que dijo que le parecía que ya eran muchos delitos por los que se lo acusaba a Maldonado y que entonces creía que la instigación estaba comprendida entre los otros que se le seguían. Por esa resolución también se presentó recurso.

La Dra. Garmendia, omitió considerar nuestra presentación y ahora estamos con otro recurso por retardo de Justicia ante la Cámara de Apelaciones intentando que la instigación al suicidio, el único delito que se vincula con la muerte de Mariana, también sea llevado a juicio.

Cabe aclarar que cada una de las notificaciones a la Dra. Garmendia le demanda meses dado que notifica al CIAJ a domicilios equivocados una y otra vez, con lo que, por ejemplo, una resolución de noviembre de 2014 nos fue notificada en julio de 2015. Previamente, en el Juzgado se nos negaba retirar copias para facilitar y acelerar el trámite de notificación.

Aquí van algunos extractos de nuestro recurso de Casación:

“Si la denuncia penal que formulara Mariana Condori ante la autoridad policial, no presenta textualmente la frase respecto de la activación de la instancia penal de los delitos que sufriera y que son calificados como dependientes de instancia privada, esto es por las falencias de la modalidad en la toma de denuncia por parte de los instructores en casos de violencia de género, y de ningún modo pueden imputarse a la víctima, derivando en la impunidad de las prácticas que pusiera en conocimiento de las autoridades públicas”.

“La actitud que la víctima de un caso de violencia pueda adoptar, es decir, denunciar o no el delito, no debe interpretarse por parte de los agentes estatales como una ‘decisión racional’ de renunciar a que se investiguen los delitos de violencia de género. Este tipo de presunción desconoce los múltiples motivos y dimensiones que adquiere la violencia de género, en especial las múltiples razones que dificultan las denuncias de este tipo de violencia por parte de las mujeres, entre ellas la posible estigmatización social y familiar, el temor fundado de represalias, la profundización de los hechos de violencia por parte del agresor o la dependencia económica o habitacional respecto de éste”.

Pero en este caso, Mariana concurrió a la autoridad a formular denuncia:

Este Tribunal de Casación ya lo ha dicho: “…Por otro lado, y puntualmente en relación al procedimiento previsto para los delitos comprendidos en el art. 72 del C.P., no se requieren solemnidades o formalidades ni resulta necesaria ninguna expresión sacramental, bastando entonces una manifestación de la voluntad que demuestre interés en la prosecución de la causa, aunque ésta se infiera tácitamente… Por otro lado, cabe todavía señalar que atento la naturaleza de esta clase de delitos, que trastocan cuestiones muy íntimas de la persona relacionadas con su pudor, la instancia privada ha sido dispuesta en favor de la víctima, a fin de preservar su intimidad, y no de quien resulte imputado. En estos casos, el Estado prefiere renunciar a su pretensión punitiva, no por falta de interés en el esclarecimiento de estos hechos, sino por el interés superior de quien ha resultado ofendido, dejando a su libre arbitrio la elección de proseguir la causa o bien que el hecho no se ventile públicamente aunque ello conduzca a una necesaria impunidad” (“Recurso de casación interpuesto en favor de J. L. R.”, causa Nº 20.128. Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rta. 24 de julio 2008.

La falsa premisa de que la víctima “no desea” instar o impulsar la acción penal llevó a la Cámara a asumir que el o los hecho/s no ocurrieron, contrariando abiertamente los principios internacionales en materia de violencia de género.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma la obligación del Estado de asumir como propio el deber de investigar: “(La investigación) debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de interés particular, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad” (Caso Velázquez Rodríguez, párrafo 177).

El art. 7 de la Convención de Belem do Pará establece: “Los Estados Partes…convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:… b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer…e) tomar todas las medidas apropiadas…para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer… f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”