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Los dos demonios: una práctica contemporánea

Dos demonios (1)

La Plata - Lunes 7 de septiembre

Masacre de Quilmes

Desde hace unas semanas y luego de once años de espera, la causa conocida como Masacre de Quilmes dio comienzo a su etapa de juicio oral y público contra diez efectivos policiales imputados por apremios ilegales, tormentos y muerte de cuatro adolescentes que se encontraban alojados en calabozos y celdas de la Comisaría 1ª de esa ciudad. Las víctimas murieron por intoxicación y por quemaduras generadas por un incendio que comenzó por los colchones. Como en muchos casos, los adolescentes allí detenidos sufrían las torturas y flagelos que les propinaban los oficiales que los custodiaban y que según las denuncias nada hicieron por detener el avance del fuego sino hasta que fue muy tarde. Informes de peritos aseguran además que el fuego pudo haber sido disipado prontamente, que el alerta a bomberos fue tardío y que no existía plan de evacuación ni elementos para combatir las llamas que se cobraron las cuatro vidas.

El Tribunal Oral Nº 3 de Quilmes evaluará las pruebas sobre lo ocurrido en aquellos días de octubre del 2004 y juzgará los delitos que se les imputan a los policías. Las familias de las víctimas que se organizaron para llegar a la verdad descreen de este Tribunal que, según entienden, ha favorecido en otros casos la impunidad policial. En este sentido, anticipan las dificultades para acceder a un fallo que establezca justicia, más aun cuando la investigación preliminar del fiscal de primera instancia, Andrés Nievas Woodgate, cuestiona la veracidad de los testimonios de los sobrevivientes y los responsabiliza por las muertes, instalando una resignificada teoría de los dos demonios.

Demonio (1)

Esa noche, en el calabozo 1, Diego Maldonado escuchó de un oficial que su hermanita de dos años había muerto. Desesperado por la noticia falsa empezó a golpear los barrotes, a suplicar que lo soltaran para acompañar a su familia en el dolor y despedir a su hermana. Los policías escucharon los ruegos del joven de 16 años, se regocijaron por los rápidos efectos de su tormento y le negaron cualquier ayuda. Por la tarde de domingo del mismo 20 de octubre de 2004, los diecisiete jóvenes alojados en la comisaría de Quilmes fueron -como sistemáticas veces sucedió en comisarías bonaerenses- salvajemente golpeados durante una requisa. Como en un relato de Roberto Arlt, los policías les dejaron la promesa de una mayor golpiza que por la noche se hizo presagio de violencia.

A Manuel Figueroa (17 años) también lo mataba el paco. Había robado una bicicleta para poder comprar más. Cuando lo atraparon, como no podía quedar preso por su edad, el juez le propuso iniciar una rehabilitación. Lo mandaron en un provisorio para siempre a la comisaría mientras esperaba un cupo en algún centro. Las llamas que ardieron en el calabozo y el humo venenoso de los colchones lograron lo que el paco iba logrando día tras día: “Estos chicos esperaban ser trasladados a lugares adecuados para menores y por falta de decisión del gobierno bonaerense seguían ahí. Dormían en el suelo. No recibían atención médica suficiente, varios de ellos tenían sarna y no podían salir al patio porque decían que eran peligrosos. Durante las visitas tenían custodia presente, de tal forma que no podían contar todo lo que allí les pasaba”, denunció la Comisión por la Memoria en el Informe Anual de 2006.

Miguel Aranda también tenía diecisiete y un hijo de dos. Su agonía se prolongó hasta el 11 de noviembre cuando el cuerpo le dijo basta. Su madre contó que Miguel pidió un lugar piola para rehabilitarse del paco, la única competencia que en los barrios está a la altura de la violencia policial: “Me dijeron que me lo iban a guardar y me lo entregaron en un cajón. Para nosotras no va a haber justicia. Lo único que tenemos es un pedazo de tierra en el cementerio para ir a visitar”, expresó.

La mañana siguiente al incendio Elías Giménez debió haber salido en libertad. A Elías lo confundieron con un homónimo de 30 años a pesar de que él tenía 15. Nadie revisó sus datos y durante tres días permaneció detenido sin ninguna razón o tal vez la única fuera alimentar los números y estadísticas de detenidos por comisarías. La tercera noche lo atrapó el fuego. Su agonía también duró tres días. Según cuentan los sobrevivientes, Elías tal vez tuvo que pelear con otro compañero de calabozo para saciar las apuestas que con ellos hacían sus custodios. Seguramente también fue golpeado sobre su piel quemada cuando el candado del calabozo finalmente se abrió en medio de la humareda mortal. Su mamá se enteró de lo sucedido por la tele: “…Que no se les crea a los pibes que sobrevivieron, que no se tomen en serio las autopsias… Los cuerpos hablaron: además de quemados estaban golpeados. Ese día dos veces les pegaron. Y todavía seguimos sin saber qué va a pasar con todo esto” sostuvo.

Demonio (2)

Los policías acusados de torturas, tormento y la muerte de los cuatro adolescentes están libres. De los diez imputados, cinco de ellos todavía están en funciones, cuatro fueron cesanteados y sólo uno fue exonerado: el ex comisario Juan Pedro Soria está acusado de estrago culposo seguido de muerte y omisión de tormento y su legajo deparó ingratas sorpresas para las familias de las víctimas ya que dos años después de la Masacre fue ascendido al cargo de inspector de la DDI de San Miguel, aunque el entonces Ministro Arslanián debió subsanar el “error”; el subcomisario Basilio Vujovich, el inspector Jorge Gómez, el sargento Juan Guzmán y los agentes Franco Góngora, Elizabeth Grosso y Gustavo Altamirano están procesados por apremios; en tanto que al cabo Hugo D’Elía y a los inspectores Gustavo Ávila y Fernando Pedreira se les suma a ese cargo el delito de tormentos. Como el de Soria, el legajo de Pedreira también sorprendió a los familiares de las víctimas quienes en 2011 descubrieron que el inspector exonerado había recuperado funciones en la Policía Metropolitana. Luego de su denuncia, el agente que fuera identificado por los chicos como el más bestial de todos sus verdugos debió ser cesanteado y hoy espera la consagración de la impunidad para volver a acechar y fracturar trayectorias de adolescentes.

En el citado Informe de la CPM se sostiene que “el fuego no fue sofocado, al menos no en forma inmediata. Tampoco abrieron inmediatamente las puertas”. La demora en la apertura de los candados de celdas y calabozos se estima en 15 y 20 minutos. Los bomberos recibieron la llamada de alerta a las 22.30 y cuatro minutos después llegaron a la dependencia cuando el fuego ya estaba extinguido, “con lo cual se estima que la policía habría dado el alerta bastante tiempo después de iniciado el siniestro, ya que resulta dudoso que lo hubieran podido apagar en menos de cinco minutos”, continúa el informe.

La reacción política más inmediata a la Masacre de Quilmes fue la resolución 1623/04 publicada en el Boletín Informativo del 25 de octubre de 2004 por el ministro de Seguridad Arslanián. Ahí se dispuso prohibir “el alojamiento de menores en dependencias policiales, instruyéndose a sus titulares para el cumplimiento estricto” de la normativa. Un año después (3/5/2005) el fallo Verbitsky ponía de relieve la grave situación de hacinamiento carcelario: “…si el estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aun las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa” sostiene el fallo por hábeas corpus de la Corte Suprema. Seis meses después, como constatación de una regla que opera sobre prácticas y rutinas completamente institucionalizadas y dando fundamento al fallo Verbitsky, 33 presos que se encontraban hacinados en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, murieron a causa de otro incendio[1]. Allí, el sábado 15 de octubre de 2005, se produjo una pelea entre reclusos que sirvió de excusa para que el personal de la Unidad y de la División Canes del SPB ingresara portando escopetas con munición antitumulto. En esas circunstancias, algunos internos iniciaron un foco de incendio en el fondo del pabellón que se propagó rápidamente en su interior. Los agentes penitenciarios se replegaron y cerraron la puerta que divide el sector de la oficina de vigilancia y el pasillo que conduce al patio de recreo. A pesar del riesgo que corrían las personas allí alojadas y de la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, no abrieron la puerta delantera para permitir el escape, privándolos del auxilio necesario para sobrevivir.

Casi una década después de la Masacre de Quilmes y de Magdalena, diecisiete defensores departamentales integrantes del Consejo de la Provincia de Buenos Aires se presentaron ante la Suprema Corte provincial denunciando no sólo la persistencia de condiciones contrarias a los estándares internacionales de detención carcelaria sino el agravamiento de la situación que existía al momento de sentencia por hábeas corpus “Verbitsky”. En esa presentación los defensores sostenían entre otros puntos: 1) crecimiento del hacinamiento carcelario; 2) rehabilitación de calabozos en dependencias policiales a partir de la resolución ministerial 642, lo que constituye un alzamiento contra lo ordenado por la CSJN[2]; 3) insuficiencia crónica de prestaciones sanitarias y de alimentación, déficit de higiene y deterioro de establecimientos.

En otra denuncia, la Red de Jueces Penales desarrolla en once puntos el estado de situación de la población privada de la libertad. El diagnóstico es coincidente con la denuncia de los defensores departamentales aunque la descripción del deterioro institucional y el grado de indignidad de la población carcelaria son de una profunda crudeza. Allí sostienen que existe un colapso del sistema de salud ante la ausencia de médicos de guardia, psiquiatras y psicólogos, escasa o nula provisión de medicamentos básicos y materiales de emergencia, así como fármacos para el tratamiento de enfermedades y afecciones crónicas. Los traslados de emergencia de enfermos a centros sanitarios de mayor complejidad resultan de imposible cumplimiento por no contar con ambulancias en funcionamiento, lo que genera retardos injustificados, cuando no incumplimientos de las órdenes judiciales de derivación, de tratamientos médicos complejos y/o de intervenciones quirúrgicas de internos que lo requieren con urgencia. El colapso se evidencia además, sostiene el informe, en la escasa o nula distribución alimentaria, por lo que muchas veces la alimentación y subsistencia de las personas privadas de libertad dependen de las raciones que pueden acercarles sus familiares en las visitas. Intramuros, esta situación genera una verdadera guerra por el alimento y propicia la corrupción de agentes penitenciarios que lucran con el hambre de las personas privadas de libertad. Las cárceles, agregan, presentan una muy exigua cantidad de población que realiza alguna capacitación que le permita proyectar su reinserción social y los convenios firmados con el Ministerio de Trabajo nacional siguen sin ejecutarse. Si a este panorama le sumamos las torturas y vejámenes sistemáticos -a los que la sociedad ya se ha acostumbrado-, las condiciones de inhabitabilidad edilicia, de insalubridad y hacinamiento, vemos entonces que la situación ha alcanzado un grado de insostenible violencia que sólo requiere de una mecha para que explote nuevamente.

La teoría y la práctica

Ricardo Riau, abogado por el particular damnificado en la Masacre de Quilmes sostiene: “el dictamen del fiscal Nievas dice ‘las golpizas referidas por los menores no se compadecen claramente con las escasas lesiones contusas constatadas (…) y no puede descartarse a esta altura que todos o algunos de los menores hayan mentido en todo o en parte, para perjudicar a sus carceleros (…) no hay un solo testigo ocular ajeno a la repartición que confirme un solo episodio de violencia cometido en contra de los menores allí alojados’ (…)”. Y continúa: “la instrucción del fiscal Nievas Woodgate no sólo fue absolutoria, la instrucción es justificatoria de la masacre; apelan, incluso, a una teoría de los dos demonios. Él dice que entre ambos grupos, presos y policías, hay un encono típico de delincuentes y policías; uno, aprovechando la mala imagen de las fuerzas de seguridad, invoca falsos argumentos. En definitiva, los estaba defendiendo de antemano”.

La referencia a la “teoría de los dos demonios” no es gratuita. Una de sus formas menos exploradas  consiste en pensar que no existe continuidad posible de su tesis en el marco de la consolidación de los sistemas institucionales. Es una suerte de inmovilismo del horror cuya sustancia sólo se compone de elementos que quedaron congelados en el pasado. Basta garantizar un sistema democrático para evitar su repetición, basta encapsular los hechos y borrar objetivos últimos de la violencia estatal para confirmar que lo pasado quedó pisado en un “nunca más”. La “teoría de los dos demonios” es un modelo de explicación y legitimación causal en torno a la violencia estatal de la última dictadura cívico-militar que tomó forma con el regreso de la democracia, se consolidó como versión hegemónica durante los ochenta y mitad de los noventa y posibilitó las leyes del perdón e indultos. Su tesis o formulación más efectiva consiste en pensar la violencia estatal desde la bipolaridad y como reacción a una violencia de “extrema izquierda” vaciada de sentido y escindida del proceso histórico social que le dio origen. Sus postuladores no dejan de condenar los desvíos y la desproporción de la respuesta estatal frente a esa “violencia original” que convulsiona a la sociedad entera, testigo de sus efectos. La condena al terrorismo de Estado queda solapada en un diagnóstico que lo obligaba a actuar para recuperar el orden social.

Impulsada desde organismos y organizaciones de DDHH, durante los últimos 20 años hemos asistido a una revisión política de los postulados de esta teoría y a un cierto grado de consenso que ha significado reconocer que el horror de la dictadura tuvo su preparación en plenos gobiernos democráticos, que ésta formó parte de una doctrina internacional, que de ella han participado sectores civiles y empresarios y que la práctica del genocidio y el “reordenamiento” por el terror y la fractura social intentó instalarse también en el plano de lo simbólico, de lo discursivo, para que se obturara cualquier atisbo de interpretación de los móviles económicos que se ocultaban detrás y de los procesos históricos que alentaron la violencia.

Por debajo de estas relecturas y consensos alcanzados persisten, sin embargo, discursos y modelos de pensamiento que no difícilmente pueden rastrearse en la “teoría de los dos demonios”, no ya como una explicación del pasado reciente que legitima la violencia estatal a pesar de su “desborde”, sino como un sistema de creencias y prejuicios que la consienten y proponen como solución al pánico social: en torno a la actual “crisis de inseguridad” (entendida en un sentido acotado a la sensación de desprotección ciudadana frente a la criminalidad) puede decirse que existe un desplazamiento de la teoría a la práctica -de lo explicativo a lo propositivo- que sostiene que la violencia estatal exacerbada debe ser la respuesta frente a la violencia delictiva. Esas tesis se averiguan en las investigaciones y sentencias jurídicas que consagran la impunidad policial pero también en los discursos sociales sobre los que se apoyan y alimentan las políticas de seguridad de mayor punitivismo y mano dura. Expresiones muy habituales y socialmente compartidas con virulencia tales como “que se pudran en la cárcel”, “uno menos”, o “hay que matarlos a todos” protocolizan la práctica del genocidio y siembran el germen para futuros consensos. En este sentido, Feierstein[3] analiza experiencias de genocidios modernos no sólo como expresión material de aniquilación de colectivos humanos sino como una práctica social específica que provoca la destrucción y reorganización de determinadas relaciones sociales mediante la consecución de diferentes momentos. El genocidio como práctica es entonces visto desde la perspectiva diacrónica de un proceso en curso en el que se imponen determinadas etapas que hacen posibles sus objetivos finales. Entre ellas,  Feierstein destaca la construcción de un “otro negativo”, un sector social que representa relaciones que cuestionan el modelo hegemónico y que se transforma en el blanco de prácticas que promueven su eliminación física.

Esa construcción se da a partir de un proceso complejo de estigmatización en el que colaboran diversas redes de sentido entre las que se destacan los medios masivos de comunicación. El estigma hace referencia a un atributo desacreditador de la persona que lo posee. Un atributo que diferencia e inferioriza a su portador, o mejor dicho, a la persona que se le imputó. Los atributos no son inocentes, sino que vuelven extraño, y por tanto ilegible, al otro en cuestión. Dicho con las palabras de Erving Goffman: “La estigmatización de aquellos que presentan malos antecedentes morales puede funcionar claramente como un medio de control social formal”, pero también “la estigmatización de aquellos que pertenecen a ciertos grupos raciales, religiosos y étnicos funciona como un medio para eliminar a estas minorías de las diversas vías de la competencia.”[4] En nuestro país, hoy el estigma recae sobre fracciones sociales que responden al estereotipo de violencia delictiva: son jóvenes, son morochos, son pobres. La marginalidad de la pobreza es igualable a la marginalidad del delito, los espacios y territorios donde ésta se asienta son comparables a “zonas amenazantes”, “usinas de miedo”. Puede decirse que la estigmatización social crea las condiciones de posibilidad para las prácticas institucionales a través de las cuales se va criminalizando y compartimentando la pobreza y la protesta social. Entre esas prácticas institucionales están las policiales, que tienden a certificar los procesos de estigmatización social en donde el olfato policial se apoya en el olfato social, pero también las judiciales, cuyas respuestas prejuiciosas, clasistas y discriminatorias completan el círculo de impunidad frente a la violencia y la hacen sustentable.

No en un mundo muy lejano, sino en nuestro país, no en un tiempo muy lejano sino en nuestro pasado reciente ocurrió un genocidio. Dejar atrás la “teoría de los dos demonios” que legitimó el terrorismo de Estado implica poder reconocer las formas que adquirió tempranamente, las estructuras sobre las que se apoyó y los discursos que fueron posibilitando su proceso. Pero además, implica poder reconocer la resignificación y continuidades de esas prácticas y las estructuras que le sobrevivieron para dar una batalla discursiva en torno a generar consensos que permitan relegarlas verdaderamente de los sistemas democráticos. La recuperación de la democracia no significó necesariamente la democratización de todas sus instituciones. A pesar de purgas e intentos de reforma persisten estructuras policiales y penitenciarias de autogobierno, persisten también enquistados en el Poder Judicial operadores jurídicos que apoyaron o defeccionaron ante el mandato del terror. En momentos en que los procesos de estigmatización han prevalecido hasta generar un “otro negativo” -blanco constante de la violencia institucional- y que los discursos sociales que demandan la eliminación del sujeto “peligroso” se materializan en el crecimiento exponencial de muertes por linchamientos y de “abatidos en enfrentamientos”, resulta necesario impulsar el debate público en torno a una real democratización de todas las instituciones del Estado. En este mismo sentido, la situación carcelaria y de detención que describen Defensores y Jueces sostiene -a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de la Nación- las condiciones estructurales que hicieron posibles las Masacres de Quilmes y Magdalena y configuran un panorama de verdadero exterminio social. La dimensión de nuestro pasado oprobioso que no queremos repetir  nos exige detener el análisis y la mirada crítica en este difícil contexto general. Muy probablemente, el embrión de un nuevo genocidio está aquí presente.

[1] Las dilaciones en la Justicia no se producen sólo en la causa del incendio de la Comisaría 1 de Quilmes. A diez años de la Masacre de Magdalena, y luego de ser elevada a juicio, aún no se ha designado fecha de comienzo del debate oral por el delito de abandono de persona seguida de muerte de 33 reclusos.
[2] La norma  que el ministro Granados firmó en mayo de 2014 contradice lo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky H. s/hábeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de “calabozos” en la Provincia de Buenos Aires. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentó en aquel momento una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo. El juez, de acuerdo con esta presentación, entendió que prima facie el contenido de la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.
[3]  Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.
[4]  Erving Goffman Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires, 2008.

Ilustración: Diego Martín Schiulaz