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Llega la etapa de alegatos en el juicio por la Masacre de Magdalena

MAG

La Plata - Lunes 4 de diciembre

Después de casi 4 meses de audiencias, el lunes 4 de diciembre se dará inicio a la presentación de los alegatos. La fiscalía, así como las querellas del CIAJ, el CELS y la CPM, darán cuenta de lo acreditado en el juicio.

Sobrevivientes de la masacre, penitenciarios, bomberos y peritos prestaron testimonio desde el inicio del juicio, el 15 de agosto. El relato de los sobrevivientes fue claro en determinar que el 15 de octubre de 2005 se produjo una pelea entre reclusos en el pabellón 16 de la Unidad Penal 28 de Magdalena. La misma fue reprimida por el personal penitenciario, que ingresó disparando munición antitumulto. “La policía entró sin decir nada, sin dar explicaciones, sin hablar, entraron a los tiros” dijo uno de los sobrevivientes, agregando que “empezaron a reprimir con los perros, los pibes se asustaron de tantos tiros que tiraba la policía y se fueron para el fondo”. En este sentido, declaró también el ingeniero Alfredo Gardés, al señalar que “disparar 24 veces en un pabellón de 9 x 30, en poco tiempo, es algo abusivo”.

La sucesión de hechos recreada en el juicio por los sobrevivientes, indicó que a continuación, como estrategia de autodefensa de los reclusos frente a los disparos, se inició un foco de incendio en el pabellón y el humo se propagó rápidamente. “La policía se asustó, engomó el sapo (cerró con candado la reja) y dejó morir a los detenidos que quedaron adentro” describió uno de los primeros testigos en declarar.

Como él, otros sobrevivientes declararon que algunos de los detenidos fueron sacados por el servicio penitenciario en su repliegue, antes de que los agentes cerraran con candado el pabellón, dejando a los 35 restantes detenidos atrapados. Distintos testimonios coincidieron en que aquellos retirados fueron conducidos a un patio, donde los agentes los dejaron para replegarse definitivamente hasta la “sala de control”, alejada de los pabellones.

De esta manera, a pesar del fuego y de la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar la integridad física de los reclusos, los penitenciarios no abrieron las puertas, privándolos del auxilio necesario para sobrevivir.

Los relatos son repetitivos sobre la actividad de los penitenciarios: “la unidad quedó vacía, se fueron todos los penitenciarios, nos dejaron solos”, dijo uno de los testigos, “se encerraron en control” dijo otro.

Aquellos sobrevivientes que pudieron volver al pabellón 16, indicaron que con los elementos que contaban intentaron rescatar a los 35 detenidos que habían quedado atrapados en el fuego. “A cada rato íbamos, mojábamos las frazadas y tratábamos de entrar” describió un testigo. Esta actividad fue realizada en conjunto con los detenidos de los pabellones aledaños, a quienes sí se les había abierto los candados para salir.

Sólo dos de las personas retiradas del pabellón por los mismos detenidos lograron sobrevivir. Uno de ellos relató que “primero escuchó la desesperación de los pibes y luego escuchó otros gritos, ‘acérquense a la ventana’. Con el último aire, me animo, me tiran un balde de agua, los pibes del pabellón 17 rompen la ventana, entran y me sacan con una manta mojada. Me sacan desvanecido”.

Claudia Malabud, perito forense, declaró que las 33 víctimas fallecieron como consecuencia de síndrome de asfixia. A su vez, la médica Silvina Cabrera explicó que las víctimas tenían todos los signos de muerte por asfixia, producto de la inhalación de los gases tóxicos emanados por los colchones de goma espuma.

Además del abandono ejecutado por los agentes presentes en el hecho, el relato de las víctimas dio cuenta de las responsabilidades de los altos mandos del SPB, así como de las autoridades políticas. Señalaron que sólo un matafuegos funcionó en el momento y que las mangueras se encontraban sin presión. En el juicio también estuvo presente que la masacre se produjo en un “módulo de bajo costo”, construcciones realizadas en el marco de una política de seguridad que apuntaba a continuar aumentando la capacidad de encarcelamiento de la provincia, al mínimo costo.

Los relatos de los sobrevivientes coincidieron también en que los bomberos llegaron al lugar del incendio pero que estos se replegaron inmediatamente. A pesar de la desmemoria de los mismos, que no les permitió aportar precisiones sobre aquel 15 de agosto, ninguno de ellos dijo haber sido agredido ni presionado por los detenidos, destacando que los mismos se dedicaban exclusivamente a intentar rescatar sus compañeros. Fueron estos testimonios de los bomberos los que acabaron por echar por tierra la hipótesis planteada por la defensa de los acusados, que buscó construir un relato en el que los penitenciarios se replegaron al tratarse de un motín.

Una reacción corporativa

Es importante destacar que en el transcurso del juicio, 3 testigos sobrevivientes de la masacre, declararon haber sido amenazados por agentes y funcionarios del Servicio Penitenciarios. Fue poco después del inicio del juicio, donde el CIAJ junto a las demás querellas comunicaron que uno de los testigos expresó al comenzar su declaración: “voy a hablar porque los pibes eran presos como nosotros”. En el comunicado se destacó que “notablemente nervioso, dio cuenta de que actualmente tiene problemas de salud, que está estudiando y trabajando en la cárcel, que se esfuerza por sostener el régimen que tiene por su familia, que sabía por qué lo citaban a declarar y que desde el SPB le indicaron que “se fije en lo que iba a hablar”. Además, le señalaron que sería trasladado a un pabellón de castigo luego de su declaración.

El amedrentamiento de los testigos se complementó con el silencio y la desmemoria de los agentes penitenciarios citados a declarar. Frente a las repetitivas declaraciones de agentes que no recordaban el día del incendio, el tribunal determinó en tres oportunidades que fueran investigados por falso testimonio y detenidos.

La búsqueda corporativa por preservar el silencio y la impunidad dentro de la institución carcelaria bonaerense sólo puede entenderse como una agresión más contra los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, quienes llevan 12 años esperando encontrar en el juicio una instancia de verdad y reparación.