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La detención de Milagro Sala, punta de lanza para consensuar una nueva criminalización de la protesta

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La Plata - Martes 19 de enero

No es un hecho aislado ni debemos dejar de observar todas sus aristas. La detención de Milagro Sala, basada en la tipología penal de “instigación al delito” y “sedición”, nos remite inmediatamente a las estrategias de criminalización de la protesta de los 90. Por aquellos años, la organización social fue la respuesta a la criminalización de la pobreza y la criminalización de la protesta, la respuesta del Estado neoliberal para quienes osaban mostrar o visibilizar organizadamente la exclusión del sistema.

La criminalización de la protesta nunca es un hecho aislado: va de la mano de la represión y la construcción de un consenso social que habilita las reacciones punitivas y violentas. Los hechos recientes desplegados frente a la manifestación de trabajadores de Cresta Roja y cooperativistas de La Plata se inscriben en esa lógica que más rápido que temprano ha reinstalado un nuevo paradigma de violencia estatal frente a la protesta y anticipaban esta estrategia de criminalización. En un sentido amplio, la lógica de criminalización de la protesta busca el amparo de la opinión pública para sedimentar un sentido común que legitime estas reacciones. Así como los despidos masivos recientes que procuran un desmantelamiento del Estado necesitan un chivo expiatorio configurado en los trabajadores públicos, la judicialización de la protesta requiere un otro bastardeado sobre el que recaiga todo el peso del estigma y el consenso social. En este sentido, la figura de Milagro Sala carga con una previa condena moral, social y étnica ensanchada por los grandes medios de comunicación cuya tarea de colonización cultural refuerzan la asociación entre protesta y delito.

En instancias de un futuro contexto social movilizado a partir las últimas medidas devaluatorias con las que los sectores populares perdieron el 40% de su capacidad adquisitiva y cuando recrudecen los despidos en el ámbito estatal y privado, resulta necesario correr la discusión y frenar el conflicto, aleccionando y disciplinando próximas protestas e imponiendo cerrojos comunicacionales que invisibilicen las voces de disenso. Aquí llegamos entonces a la finalidad última de la judicialización del reclamo social: una herramienta para desmovilizar y romper la organización, marcando la cancha para futuros escenarios de conflicto en torno a la recomposición salarial, el desmantelamiento del Estado y los despidos masivos.

Como hemos sostenido reiteradas veces en estos últimos 30 días, no hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disenso y de expresión de demandas. Pensar la protesta social a partir del derecho penal y desde el Estado y los medios de comunicación esgrimir respuestas violentas que ponen en riesgo la integridad física de los manifestantes y sus derechos, es atentar contra la democracia misma.