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El gobierno de la provincia sigue incumpliendo el fallo judicial

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La Plata - Martes 24 de abril

Presos en comisarías

El 15 de noviembre pasado, la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso la prohibición de alojar detenidos en comisarías. Pasados seis meses, el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo incumple la medida sino que entre marzo y abril, los detenidos en dependencias policiales aumentaron de 3.512 a 3.732, una superpoblación del 273%.

Los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, deberán dar explicaciones sobre las medidas que están tomando en sus respectivas carteras para desalojar a los presos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, como lo estableció un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata el 15 de noviembre de 2017.

Así lo dispuso esta mañana la jueza María Ventura Martínez, del juzgado contencioso administrativo n°2, ante el pedido expreso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). “Sería conveniente que vinieran a clarificar qué medidas están llevando a cabo para llegar a una solución”, sostuvo la magistrada durante la segunda de una serie de audiencias que se vienen llevando adelante en el marco del fallo de la Cámara.

Las tasas de encarcelamiento de la provincia vienen creciendo exponencialmente en los últimos años. En marzo, durante la primera audiencia – en las cuales las distintas agencias del Estado provincial deben informar sobre las medidas que adoptan- se registraban más de 3.500 detenidos, mientras que las plazas disponibles llegan a poco más de 1000. En la segunda audiencia, realizada hoy, la superpoblación no solamente no disminuyó, sino que aumentó a 3.732 personas privadas de su libertad: un hacinamiento del 273%.

Los abogados del CIAJ y el CELS alertaron que no observan ningún signo en las políticas criminales y penitenciarias del gobierno de María Eugenia Vidal que apunte a revertir la tendencia. Por el contrario, el Ministerio de Seguridad presentó un informe en el expediente donde anunció que resulta “inviable” cumplir con la orden judicial en el corto plazo, por factores externos como la criminalidad. Por su parte, desde el Ministerio de Justicia informaron la finalización de una nueva alcaidía que sumará 300 plazas, y expusieron la utilización de la pulsera electrónica como toda medida alternativa a la detención, aunque remarcaron que los jueces de ejecución no la utilizan lo necesario (estimaron que unos 1880 detenidos tienen el dispositivo en la actualidad). Propusieron instruir a los titulares de las comisarías para que a cada nuevo detenido se le ofrezca la pulsera como una opción inmediata. “Eso tiene que estar plasmado en una disposición, sino se diluye”, opusieron los abogados de los organismos.

El 2 de marzo de 2017, siete jóvenes que estaban detenidos en la Comisaría 1era de Pergamino murieron durante un incendio de la dependencia. El hecho, todavía impune, reavivó el debate sobre las condiciones infrahumanas de detención y llevó a los organismos a presentar un reclamo judicial para que se cumpliera con los estándares internacionales. El 15 de noviembre de 2017, un fallo de la Cámara de Casación bonaerense les dio la razón, y suspendió la resolución 642/14 que había sido dictada por el ejecutivo provincial para poder seguir alojando presos en dependencias policiales.

No hay información en el expediente de cómo la Provincia de Buenos Aires va a cumplir con la medida cautelar, y no sólo no traen respuestas sino que la situación sigue empeorando, por eso la jueza planteó la necesidad de seguir con estas audiencias pero con información concreta y efectiva de cómo el gobierno de la provincia pretende resolver el problema de hacinamiento y sobrepoblación que hay en las cárceles y comisarías”, explicaron los abogados del CIAJ y el CELS.

El número de personas detenidas en comisarías supera en más del doble a las plazas disponibles. Mientras el número sigue creciendo las carteras provinciales sólo muestran informes con estadísticas, diagnósticos y avances de obras, pero ninguna acción política o medida concreta. “La Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la convención contra la tortura” dijo Nils Melzer, el relator Especial sobre tortura de las Naciones Unidas, que presentó un informe preliminar al concluir su visita oficial al país en el que denunció las condiciones de detención en las comisarías y cárceles.