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El CIAJ rechaza en Comisión de Seguridad y DDHH el proyecto de “Protocolo de Actuación en Manifestaciones”

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La Plata - Jueves 5 de mayo

El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, junto con un grupo de organismos de Derechos Humanos, participó hoy del debate en Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Concejo Deliberante de La Plata y allí expuso sus argumentos contrarios al avance de la criminalización y regulación de la protesta que introduce el proyecto de protocolo antipiquetes presentado por el Expediente Nº 60.849. La convocatoria realizada por el Vicepresidente del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata, Sr. Javier García a diferentes representantes sociales se proyectó en función del amplio reclamo que realizó un conjunto de organizaciones gremiales, sindicales y estudiantiles en una audiencia pública frente a las puertas del Palacio Municipal y la presentación de sucesivos documentos colectivos.

Entre los argumentos contrarios al proyecto de ordenanza se sostuvo que los protocolos de actuación policial deben concebirse, en un sistema respetuoso de las garantías y derechos constitucionales y convencionales, como directivas, instrucciones y pautas de actuación dirigidas a las policías y fuerzas de seguridad, con el fin de brindar la mayor certeza posible respecto del límite en el ejercicio del uso de la fuerza con la finalidad de evitar -y en su caso castigar-, el abuso de poder.

Así, se leyó ante los participantes que la Comisión (CIDH) en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del año 2009, sostuvo que “[…] las instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión. Esto involucra desde el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos determinada zona, hasta el acompañamiento a las personas que participan en la reunión o manifestación, para garantizarles su seguridad y facilitar la realización de las actividades que motivan la convocatoria. En el mismo sentido, las fuerzas policiales requieren contar con normas de actuación definidas y con el entrenamiento profesional necesario para actuar en situaciones que involucran grandes concentraciones de personas, a los efectos de generar las condiciones para que estos eventos puedan desarrollarse en el marco de las normas establecidas sin afectar el ejercicio de otros derechos humanos. En todo caso, las fuerzas policiales deben recibir el entrenamiento y las órdenes precisas para actuar con la certeza de que su obligación es proteger a los participantes en una reunión pública o en una manifestación o concentración, en la medida que éstos ejercen un derecho. La Comisión ya señaló en su oportunidad que la función legítima de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (…), sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones. (…) (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, párrafo 193, Págs.88-89).

Contrariamente a los que sostiene la CIDH, desde el CIAJ se señaló que el proyecto de ordenanza se funda en uno de los clisés más utilizados por las autoridades y los medios de comunicación: el derecho a la protesta no puede contradecir otros derechos; “los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro”; “el derecho a la protesta no puede afectar el derecho a trabajar o a circular por la ciudad”. Esta postura parte de un postulado irreal de que todos los ciudadanos/as tenemos la misma máscara, es decir, nos encontramos en una situación de igualdad. No sólo estamos en diferentes condiciones sociales sino que además, la libertad de expresión se lleva a cabo en situaciones de desigualdad. En una Argentina con una estructura social desigual, con las distorsiones que introduce continuamente el capitalismo, no todos tenemos las mismas capacidades expresivas, los mismos recursos, las mismas oportunidades para presentar nuestras demandas o de ser atendidos. El proyecto de ordenanza, bajo la tesis de colisión de derechos, pretende regular la protesta extralimitando las facultades municipales y consecuentemente avanzando sobre competencias delegadas en la Constitución Nacional a la nación o a las provincias. Al autorizar el accionar de las fuerzas de seguridad conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia”, además de legislar sobre materias reservadas a las provincias, es decir, sobre los Códigos Procesales Penales, el proyecto municipal desvirtúa el concepto de “flagrancia” contenido en esa legislación que habilita excepcionalmente la intervención policial sin orden judicial previa, frente a la urgencia e inmediatez del delito. A su vez, se impone la obligación de labrar un acta de acuerdo que deberán firmar todos los miembros, lo que a la luz de la visión criminalizadora de la protesta social importa una vulneración del derecho de no autoincriminación, garantía básica en un Estado de derecho. Como si esto no fuera suficiente, el Proyecto municipal también se arroga facultades propias del Congreso Nacional al crear tipos penales no previstos en el Código Penal, al establecer la prohibición de portar capucha, palos, combustible o pirotecnia. A su vez, otorga ilegalmente a las fuerzas policiales y de seguridad la potestad de privar de libertad de los manifestantes (no de otras personas) que incurrieran en esas conductas, mediante su aislamiento e identificación.

En suma, el protocolo criminaliza la protesta social y en ese sentido, se contrapone con las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado argentino de respeto y garantía del ejercicio de los derechos de reunión y expresión. Las organizaciones allí presentes coincidieron en que el derecho a la protesta es el primer derecho, es el derecho que llama a los otros derechos. Jurídicamente, la protesta es una de las formas de ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades y de la libertad de expresión. Ambos derechos están reconocidos en el art. 14 de nuestra Constitución Nacional. También es una forma de ejercicio del derecho de reunión. El derecho a la libertad de expresión se encuentra recogido en el artículo IV de la Declaración Americana y en el artículo 13 de la Convención Americana. Respecto de esta última y en la misma Convención que lo consagra se establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”. Se consagra también en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respecto del derecho de libertad de reunión, éste se encuentra consagrado igualmente en los artículos XXI de la Declaración Americana y 15 de la Convención Americana, en artículo 20.1 de la Declaración Universal y en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende el derecho de reunión como un derecho instrumental, “ …sirve de soporte al ejercicio de los demás derechos fundamentales …”. Muchos de los derechos que aparecen en los Pactos se deben ejercer a través de la reunión, la libertad de expresión, y constituyen una columna básica de la democracia. Es por eso que la obligación del Estado frente a este derecho no es sólo de abstenerse, de no entorpecer el derecho, sino de reafirmarlo, protegiéndolo y promoviéndolo. En este sentido, finalmente desde el CIAJ se señaló que el Estado tiene que intervenir para que se cumpla el Derecho y ejercicio de la protesta y reclamo social. Un Estado que obstaculice el derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión (a través de la censura previa) estaría generando violaciones graves a los derechos humanos y deberá asumir su responsabilidad internacional.