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El CIAJ presentó los alegatos en el juicio por la Masacre de Magdalena

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La Plata - Viernes 8 de diciembre

El miércoles 6 de diciembre, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentó sus alegatos en el marco del Juicio por la Masacre de Magdalena. Se pidieron condenas por los delitos de abandono de persona y homicidio culposo, contra los 17 agentes penitenciarios juzgados.

En el inicio de su alegato, las abogadas del CIAJ indicaron la necesidad de que el juicio aporte verdad  sobre la masacre ocurrida el 15 de octubre de 2005 en la Unidad Penal N° 28 de Magdalena, así como una reparación “por los 12 años de silencio”.

Se explicó que el CIAJ presenta un interés particular en tanto representa a las familias de las víctimas Juan Ariel Campos y Omar Abel Pereyra, pero también presenta un interés colectivo, como organización política de Derechos Humanos. Se destacó el  camino recorrido en estos 12 años, donde no se avanzó en las investigaciones de las mayores responsabilidades, y se demoró la llegada de este juicio.

Posteriormente se sostuvo que “La Masacre de Magdalena” debe enmarcarse en un hecho de violencia institucional, dando cuenta de ser un eslabón más en una sucesión de acontecimientos en los que la vida de las personas privadas de su libertad parecería que nada valen y que parecen confirmar ciertos discursos sociales sobre los que se apoyan y alimentan las políticas de seguridad de mayor punitivismo y mano dura. Expresiones muy habituales y socialmente compartidas con virulencia tales como “que se pudran en la cárcel”, “uno menos”, o “hay que matarlos a todos” parecen protocolizar la práctica de violencia institucional que a riesgo de repetición se vuelve sistemática.

En esta instancia también se recuperó el relato de uno de los sobrevivientes, quien había comenzado su declaración diciendo “lo que les pasó a ellos me puede pasar a mí”. Se indicó frente a esto que “lo que les pasó a ellos les pasó a otros y espera oculto en las mismas condiciones estructurales que aún tienen los lugares de detención carcelaria.”

En este sentido se señaló que el juicio està siendo monitoreado por la CIDH, en consideración del valor que tiene para dar cuenta de la situación de las cárceles en Argentina.

La presentación de los hechos

Los alegatos detallaron los hechos acaecidos aquel 15 de octubre. Señalaron así que a partir de una pelea entre dos internos, “el secretario de la unidad, la segunda jefa de la guardia de seguridad exterior y el encargado de turno  con personal a su cargo se dirigieron hacia el pabellón portando algunos de ellos escopetas calibre 12/70 con munición antitumulto”. En el ingreso en dos grupos, se realizaron disparos, varios de los cuales fueron a distancia antirreglamentaria por la letalidad que adquieren los mismos a corta distancia. A partir de allí, varios internos fueron retirados del pabellón, mientras que otros, buscaron refugiarse en el fondo del mismo con colchones. Una vez acorralados, al menos uno de los internos enciende un trozo de colchón como medio de autodefensa.

Ante la rápida propagación del fuego, los agentes penitenciarios -sin intentar acciones de extinción del fuego por entonces incipiente y controlable ni la evacuación de los internos- se replegaron, erguidos y portando las armas antes descritas, atravesando la puerta de rejas  procediendo a cerrar la puerta de acceso al lugar de alojamiento de internos, con el pasador de la puerta y con un candado.

Frente al avance del humo en los pabellones lindantes, los agentes sí procedieron a retirar a los internos de los mismos. Fueron estos últimos quienes frente a la pasividad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), realizaron en primer lugar la apertura del candado de la puerta de emergencia del pabellón incendiado, por donde retiraron con vida a Ángel Quintana Ramírez. Sin embargo, para esta altura, la mayoría de los internos se habían trasladado a la parte frontal del pabellón por donde se habían retirado los agentes, y frente al fuego se encontraban imposibilitados de alcanzar la puerta de emergencia.  Advertidos de esto, los internos que participaban del rescate comenzaron a realizar boquetes en las paredes, logrando sacar a Juan Domingo Blanco Recalde, previo bajar la temperatura de su cuerpo con un balde de agua y a Cristian Rey González,  falleciendo este último días después en el hospital.

Tras esta descripción de los hechos, se procedió a dar cuenta de las condiciones estructurales del penal y el módulo incendiado. Es así que se apuntó que la red de agua contra incendio no se encontraba alimentada, situación conocida por el director de la unidad, quien a pesar de eso continuó con el alojamiento de los internos en dichos pabellones. De esta manera se sostuvo que “con haber cumplido con los deberes asignados a su cargo, el hecho por cierto previsible y causalmente relacionado con su obrar, podría haberse evitado, existiendo una relación de determinación entre su actuar negligente y el resultado acaecido”.

Pedidos de condena

Tras la exposición de los hechos el CIAJ solicitó un veredicto condenatorio destacando que todos los penitenciarios actuaron como funcionarios del Estado. En este sentido se solicitaron 15 condenas de entre 8 y 15 años por el delito de abandono de persona,destacando la situación particular de desigualdad de género de la única mujer del SPB que se encuentra imputada. Por otra parte, para los dos restantes acusados se solicitaron penas de 5 y 4 años de prisión por el delito de homicidio culposo. Las mismas fueron respectivamente para Cristian Alberto Núñez, ex jefe de Guardia de Seguridad Exterior, y para Daniel Oscar Tejeda, ex director de la Unidad 28.

Leé nuestro alegato:

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