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El CIAJ acompaña denuncia presentada al ACNUDH ante la creciente persecución de defensores de DDHH

acnuh

La Plata - Miércoles 10 de agosto

Ante la denuncia de una fiscal de la provincia de Buenos Aires a una abogada del CIAJ por considerar que un reclamo de mayor diligencia en la investigación de una causa de violencia de género debía ser sancionada como una falta disciplinaria ante el Colegio de Abogados, nuestra organización ha presentado y acompañado un informe en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) donde se revela el creciente intento de disciplinamiento de abogadxs defensores ante los numerosos casos de violaciones a los DDHH. El informe, realizado por Akahatá (Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros) y el OVG (Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires) documenta además los ataques ocurridos durante el presente año contra activistas gays y travestis en nuestro país, así como una tendencia preocupante en cuanto a ataques contra abogadas/os que defienden a mujeres víctimas de violencia familiar.

Caso testigo

En abril de 2012 el CIAJ asumió el patrocinio jurídico de una causa sobre violencia de género, que luego sería paradigmática en la región, en la cual se investigaba la muerte de Mariana Condori. Como derivación del patrocinio ejercido en estas actuaciones, en junio de 2016 una integrante del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, fiscal Budiño denunció a la Dra. Caravelos ante el Colegio de Abogados de La Plata con el fin de que se le impongan sanciones y se la inhiba en el ejercicio profesional, a poco de sustanciarse el juicio oral. El hecho que motivó la denuncia no fue, ni más ni menos, que un pedido de la letrada hacia la fiscal para que se cumplieran con los estándares internacionales de debida diligencia en materia de trato a las víctimas e investigación de violencia de género, requerimiento que la fiscal interpretó como una afectación hacia su honor. La sanción que se le podría aplicar a la abogada del CIAJ es la suspensión de la matrícula, es decir, la imposibilidad de ejercer su profesión por un tiempo determinado.

En la causa original por contexto de violencia de género que el CIAJ llevó adelante se denunció al entonces fiscal de la causa ante la Procuración General de la SCJPBA, por haber propuesto la mediación en la denuncia de violencia que había realizado Mariana Condori y por no haber adoptado medidas de protección eficaces pese a que Mariana Condori, en su denuncia, había invocado una situación de alto riesgo (antecedentes previos de violencia y existencia de armas de fuego en poder de su pareja). Los pedidos de debida diligencia que derivaron en la denuncia ante el Colegio de Abogados, se instalan en ese entramado de demoras, maltrato y desprotección de las víctimas de violencia de género y de sus familiares.

Desde el Ciaj entendemos que la respuesta de la fiscal Budiño constituye un claro acto de disciplinamiento profesional, dado que la sanción prevista en la normativa es la de la suspensión en la matrícula, es decir, la imposibilidad de ejercicio profesional. Dicho disciplinamiento está dirigido, no sólo a la profesional denunciada, sino directamente a todos los abogados y abogadas defensores de derechos humanos, que verían amenazada su labor en caso de prosperar una sanción disciplinaria por el solo hecho de manifestar disconformidad con el accionar estatal en causas que involucran violaciones a derechos humanos.

La denuncia sufrida por la abogada de nuestra organización se inscribe en un contexto de cercenamiento de derechos que se inician desde la propia presentación del CIAJ en el expediente penal. Da cuenta de ello, la vaguedad de los términos utilizados en la presentación realizada por la fiscal, quien por otra parte relata hechos no sucedidos en su presencia, a pesar de señalar que resulta ser afectada por ellos.

Tal como se aprecia en la denuncia a la letrada, no hay una descripción de hechos como acontecimientos de la realidad, sino meras apreciaciones subjetivas que adolecen de precisión vulnerando de tal modo el derecho de defensa y el ejercicio de la libertad de expresión. Además, dicha denuncia no da cuenta de otros hechos, agraviantes no sólo a la madre de la víctima, sino también a la propia letrada, que merece según la legislación interna, un trato equiparable al de un magistrado.

Informe sobre violaciones a los derechos humanos de personas que los defienden – Argentina, 2016

http://ciaj.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/Informe-Defensoras.docx

Informe Defensoras es