Decrease font sizeDefault font sizeIncrease font size

Durante la jornada de ayer las representantes del Estado argentino debieron dar cuenta de sus políticas en materia de derechos humanos de las mujeres cis, travestis y mujeres trans.

La Plata - Miércoles 2 de noviembre

El Estado argentino ante la CEDAW

IMG-20161101-WA0001

En la jornada del martes 1 de noviembre, las expertas del Comité de la CEDAW –teniendo en cuenta varios de los puntos principales en los que hicieron hincapié los informes de las organizaciones civiles y organismos de Derechos Humanos- interpelaron al estado argentino en torno a la articulación y coherencia entre las leyes provinciales y las leyes nacionales para el real cumplimiento de los estándares internacionales en material de violencia de género. Del mismo modo, el grupo de expertas llamó la atención al estado argentino en torno a la necesidad de implementación de políticas públicas y medidas concretas en esta materia de derechos humanos de las mujeres, travestis  mujeres trans, no regresivas en este terreno.

Fueron varios los puntos de intervención que el Comité resaltó, y a partir de los cuales interrogó al estado argentino, teniendo muy presente la multitudinaria  movilización nacional y el reciente paro de mujeres en Argentina.

Por una parte, señaló al Estado que pese a que el nuevo Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres significaba una importante medida, era necesario que el Estado implementase medidas urgentes para coordinar políticas públicas contra la violencia de género entre la Nación, las provincias y los municipios para evitar la discriminación y violencia contra las mujeres.

Por otro lado,  el Comité de la CEDAW se refirió especialmente al Protocolo de abortos No punibles, vigente en el ámbito nacional,  y cuestionó al estado sobre las dificultades  para garantizar su cumplimiento, observación frente a la cual la representante del estado argentina y titular del Concejo Naiconal de las Mujeres, Fabiana Tuñez respondió que “reconocemos que es un desafío hacer cumplir el Protocolo en todas las provincias”. El Comité señaló en esta dirección su preocupación frente a la medida del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no adherir a dicho Protocolo.  En este último punto, las representantes del estado argentino no realizaron ninguna respuesta.

Entre otras consultas en este punto las expertas preguntaron al Estado argentino sobre las medidas que se están tomando para evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros.  Frente a esto el estado argentino tampoco dio respuesta. Y aunque reconoció que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina, no brindó información sobre acciones concretas, asumiendo con ello que tampoco cuenta con datos estadísticos sobre aborto.

Por otro lado el Comité preguntó al estado argentino en torno a aquellas medidas que se estaría tomando para poder contar con un registro de travesticidios y crímenes de odio, en torno a las condiciones en las que se encuentran las mujeres trans y travestis y en torno a qué acciones está tomando para incluirlas en trabajos formales y para que la prostitución no sea la única alternativa de vida de las personas trans y travestis.  Frente a este amplio cuestionamiento las representantes del estado  sólo respondieron que, a partir de una reciente resolución ministerial, las personas trans son incluidas en el Programa Ellas Hacen.

El Comité señaló además como llamativo que la mayoría de las mujeres trans y travestis privadas de libertad sean migrantes. Preguntó también sobre la existencia de programas destinados a travestis y trans en las cárceles.

Respecto de las mujeres encarceladas, otro de los puntos importantes de los informes alternativos presentados por las organizaciones, el estado argentino reconoció en que el país no se cumple con las Reglas de Mandela (normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas) incumpliendo así sus compromisos internacionales. El Comité cuestionó al Estado en torno a aquellos obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a las medidas alternativas a la prisión, así como también en relación a la institucionalización  de niños y niñas cuyas madres permanecen encarceladas. Cuestionamientos frente a los cuales el Estado argentino no formuló respuesta.

Además, en la misma línea que días atrás lo expresara el Grupos de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Comité Cedaw requirió a las representantes del Estado argentino la liberación inmediata de Milagro Sala y preguntó cómo se cumplirá con la solicitud. El Estado informó que cursó la información al Superior Tribunal de Jujuy, pero brindó información incorrecta cuando respondió que la decisión del GT había sido motivada por la causa de la protesta, cuando en realidad se tuvo en cuenta todas las causas judiciales en base a información aportada por las organizaciones denunciantes y por el mismo Estado, según explicara el CELS, organismo que encabezó  el reclamo internacional.

En otro punto el Comité señaló su preocupación sobre las dificultades de las mujeres en el acceso a la justicia. El Estado sólo dio cuenta de los proyectos de la creación de un fuero unificado y de la implementación únicamente en el departamento judicial de La Plata del patrocinio jurídico gratuito, sin poder informar al Comité sobre medidas concretas para superar todas las dificultades para acceder  a la justicia, con las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia doméstica y de otras modalidades de violencias de género.

El Comité de expertas de la CEDAW también interrogó al Estado argentino respecto de otros aspectos vinculados a las desigualdades e informalidad con las que se miden las mujeres en el mercado laboral,  sobre participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado y  la ocupación de cargos públicos, entre otros.

Las observaciones y recomendaciones finales de CEDAW, luego de varios silencios y las pocas respuestas del Estado argentino, se conocerán el 21 de noviembre.