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Biombos detrás de biombos: no quedan detenidos por la causa Yalet

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La Plata - Jueves 17 de septiembre

Comunicado de prensa

 

La contradictoria y empantanada decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata integrada por el Dr. Szelagowski, el Dr. Almeida y la Dra. Lasaga hizo lugar a un hábeas corpus presentado 10 días antes por los abogados de policías imputados e imputadas por el homicidio de Juan Martín Yalet.  Este fallo deja la causa sin detenidos y -nuevamente-  mucha certeza sobre la permeabilidad (cuando no complicidad) que tienen sus decisiones a la hora de evaluar las responsabilidades penales de integrantes de las Fuerzas frente al lobby policial y la presión política. Esta presión política se expresa de manera tangible con la novedosa presencia de un abogado defensor de los policías que constituye domicilio legal en el propio Ministerio de Seguridad provincial.

En octubre de 2010, cinco años después de la Masacre de Magdalena donde murieron 33 reclusos, esta misma Cámara dictaminó el sobreseimiento de la mayoría de los agentes y funcionarios penitenciarios involucrados en el hecho, acusados del delito de abandono de persona seguido de muerte. Aquella resolución excusaba a los imputados en su actuación, construyendo una justificación contraria a los elementos de prueba recolectados en la investigación  que permitían, sin lugar a dudas, elevar la causa a juicio y llevar adelante un proceso oral donde los familiares de las víctimas -y la sociedad en su conjunto- pudieran conocer qué sucedió la noche del 16 de octubre de 2005. El CIAJ junto al CELS pudieron apelar esa decisión y hoy la Masacre de Magdalena espera fecha pronta para comenzar su etapa de juicio oral.

Como entonces, la actual decisión judicial sobre los imputados por el crimen de Yalet expresa la selectividad y doble vara del poder judicial. Recordemos: Juan Martín Yalet fue aprehendido en las inmediaciones de una casa a la que había ingresado para cometer un delito contra la propiedad. Fue esposado,  requisado por personal policial e introducido en un móvil del CPC. Allí, rodeado de policías que cubrían como biombo el móvil, una bala le perforó el cráneo y murió minutos más tarde en hospital.

La hipótesis policial que sostenía el suicidio fue desmentida por la Fiscal que ordenó las detenciones de los imputados por el delito de homicidio y luego -curiosamente- por la Cámara de Apelaciones que determinó la liberación de los hasta ahora únicos involucrados. El argumento que la Cámara expone para la liberación sostiene que en la detención no se describen los hechos y el accionar específico de cada uno de los imputados.

Resulta muy sospechosa y curiosa la exigencia de minuciosidad en la imputación cuando la causa aún se encuentra en etapa de recolección de evidencias y a la espera de importantes pruebas periciales que determinen qué rol jugó cada imputado e imputada en la mecánica del hecho. Más aún resulta sospechosa esta decisión cuando la misma Cámara de Apelaciones confirmó en su fallo que todo el procedimiento policial está plagado de irregularidades, que Yalet fue asesinado dentro del patrullero sugiriendo que el disparo ocurrió ni bien fue alojado allí en presencia del Comisario Vargas, el Subcomisario Guerrero y el Jefe de Distrito Centro de CPC Gandolfi, que los involucrados hicieron falsificación material e ideológica de documentación pública para lograr impunidad y que muchos mintieron ostensiblemente para adecuar sus declaraciones a una respuesta uniforme (uniformada) y corporativa de todos los imputados.  En este sentido, la detención de los policías estaría justificada por el peligro procesal que su condición de funcionarios públicos podría provocar en el desarrollo de la investigación y por la gravísima imputación (homicidio triplemente calificado) que corre sobre todos y todas. No resulta muy difícil pensar que si hoy la víctima del disparo en el cráneo fuese el imputado de un crimen, seguramente estaría cumpliendo una larga prisión preventiva y quizá encontrara la muerte en alguna cárcel bonaerense ante el abandono de sus carceleros y el Estado.

Nuevamente, las decisiones judiciales arrojan la certeza de su clasismo y selectividad para la impunidad policial. Desde el CIAJ volvemos a decir que no existe maldita policía sin maldito Poder Judicial.