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A un año de la masacre de Pergamino: el gobierno provincial incumple una medida cautelar

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La Plata - Viernes 2 de marzo

Hace un año siete personas que estaban bajo la custodia del Estado de la provincia de Buenos Aires murieron calcinadas. Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre estaban detenidos en la  Comisaría 1° de Pergamino. Fallecieron al  quedar encerrados en sus celdas durante un incendio.

Estas muertes ocurridas son la consecuencia directa y previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento, que presiona cada vez más sobre un sistema penitenciario que está en crisis crónica por el hacinamiento y las pésimas condiciones de detención.

A pesar que desde el 2005 se encuentra prohibido el alojamiento de personas en comisarías, en 2014 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires publicó una resolución que habilitó los calabozos de las dependencias policiales para alojar personas. Ese mismo año el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Júridica (CIAJ) impugnaron esa decisión.

En este contexto el 15 de noviembre de 2017, ante una presentación del CIAJ y CELS, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió suspender la Resolución 642/14 que permitía alojar detenidos en calabozos de comisarías y ordenó su traslado a establecimientos en condiciones. A pesar del fallo de la CSJN de 2005, entre 2014 y  2018 la cantidad de personas alojadas en las 432 comisarías provinciales aumentó. En febrero de este año el número de detenidos en dependencias policiales en condiciones de ilegalidad alcanzaba a 3321.

En este nuevo fallo, la Cámara de Apelación fue contundente al sostener que las instalaciones de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, no reunían las condiciones necesarias para alojar detenidos por lapsos de tiempo prolongado indeterminado. Además, afirmó que, en este escenario, resulta muy dificultoso poder cumplir con el tratamiento establecido por las normativas nacionales e internacionales.

Sobre la base de esta situación, el fallo obligó al Estado provincial a no permitir que nuevos detenidos sean alojados en dependencias policiales y a desalojar a aquellas personas se encuentren en dichas circunstancias. Hasta el momento, el Estado provincial no ha cumplido con lo establecido en la medida cautelar.

Por este motivo, el martes pasado realizamos una presentación exigiendo que se cumpla con lo ordenado por la Cámara Contencioso Administrativa, se suspenda la resolución que habilita a las comisarías como espacios de detención, se efectivice la prohibición de alojamiento en dichas circunstancias y se presente un plan de contingencia para desalojar de manera urgente a quienes aún sufren las pésimas condiciones en las que se vive en las dependencias policiales.