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A 2 años de la muerte de Mariana Condorí

mariana

La Plata - Viernes 14 de marzo

La Plata, viernes 14 de marzo de 2014

 

 

La Jueza de Garantías, Marcela Garmendia, hizo lugar al último pedido del CIAJ de continuar investigando sobre los delitos ocurridos “en contexto de violencia de género” anteriores a la muerte de la joven.

Al cumplirse 2 años, el CIAJ se pregunta cuáles son las responsabilidades de un Estado y un Poder Judicial que estuvieron ausentes o actuaron de manera irresponsable frente a los delitos que denunció Condorí

 

En las últimas semanas, la Jueza de Garantías que sigue la causa en su etapa de investigación, avaló el pedido hecho por el CIAJ a fines de 2013 que solicitaba que  fueran incluidos los hechos de violencia perpetrados por su pareja antes de su muerte, y resolvió que no sólo deben ser investigados los delitos de acción pública sino también  aquellos del  “ámbito privado” y las “lesiones leves” sufridas por Condori, por considerar que se encuentra comprometido con ello el interés público.

 

En noviembre de 2013, el titular de la UFI Nro 6, Marcelo Romero hizo lugar al pedido de las abogadas representantes de la familia e integrantes del CIAJ, y convocó a audiencia indagatoria a Gabriel Maldonado, por una decena de hechos de violencia cometidos contra la joven antes de su muerte.

El sentido del pedido apuntaba a visibilizar la Violencia de Género en la que vivía la joven, no como hechos aislados sino como parte de un contexto de Violencia de Género, que se extiende en el tiempo, que presenta diversas modalidades y que está anclado en un sistema de relaciones de dominación entre los géneros.

El defensor oficial de Maldonado pidió suspender la audiencia y planteó que Mariana no había hecho denuncias previas sobre todos los delitos que se le imputan a su defendido y que en la única denuncia ante la comisaría que hizo no dejaba expresamente dicho que quería que se investigaran esos delitos. Es que la denuncia fue mal tomada por la policía. De esto se quejó el CIAJ y argumentó que frente a la imposibilidad de que hoy la víctima pudiese resarcir ese error no debe ser ella -o su familia, ahora- la afectada por la negligencia de agentes del Estado.

Garmendia también tuvo en cuenta el planteo de inconstitucionalidad del artículo 72 inciso 2 del Código Penal, que supedita la investigación de algunos delitos considerados leves, a una acción de la propia víctima. Esta definición encuentra su sentido en la concepción jurídica tradicional de considerar a los delitos cometidos en el marco de la violencia intrafamiliar como de instancia privada, omitiendo la responsabilidad pública que el Estado ha adquirido en numerosos tratados internacionales. Sobre esto, la jueza  planteó que a pesar de considerarse  las lesiones leves como delitos del ‘ámbito privado’, en este caso deben investigarse porque se encuentra comprometido el interés público.

Después de dos años de batalla judicial, las abogadas del Área de Género del CIAJ que viene acompañando a la madre y la familia de Mariana en la búsqueda de justicia, se preguntan sobre las dificultades que encuentran las mujeres en los casos de violencia de género para lograr el efectivo acceso a la justicia, y de todo el camino que aún falta recorrer para adecuar las prácticas judiciales al real cumplimiento de los tratados y derechos internacionales adscriptos por el propio Estado argentino.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde existe el mayor índice de denuncias y casos de femicidios y violencias hacia las mujeres, los fiscales, defensores oficiales y jueces, por ejemplo no cuentan con un protocolo de acción para casos de violencia de género.

La justicia es lenta, y en estos casos, aun más. O por lo menos eso es hasta ahora lo que la madre de Mariana siente que aprendió: “me acuerdo de que las abogadas me decían esos primeros días que tenía que ser paciente, que esto es lento. Y es verdad. Aprendí a ser más fuerte. Mariana siempre me decía eso, que yo soy fuerte”.

El caso

Mariana Condorí tenía 20 años y era madre de tres hijos. Vivía en pareja con Gabriel Maldonado desde hacía un año y medio. Tenían una hija en común.

Maldonado ejercía todo tipo de violencias sobre Mariana: violencia física, psicológica, agresión hacia sus hijos, obstrucción de su autonomía económica.

El 7 de marzo de 2012, Mariana llegó en moto junto a su pareja hasta la casa de su madre. Durante todo el trayecto, Mariana fue recibiendo de parte de Maldonado golpes de puño en la cara, cabeza, espalda y abdomen, según relatan sus parientes. La familia, advirtiendo el estado en el que llegó la joven, la indujo a hacer la denuncia policial. Así fue que se presentó en la Comisaría 3era de Los Hornos.

No era la primera agresión que recibía Mariana, pero en la Comisaría nada le preguntaron sobre hechos anteriores. La mandaron al cuerpo médico y al hospital para constatar las lesiones; pero no pudo ir por falta de recursos para su movilidad.

La denuncia fue recibida por la UFI Nro. 6 a cargo del mismo fiscal Romero, quien dispuso:

“…se cite a la víctima a efectos de que manifieste cuál es su situación actual respecto del ilícito denunciado, como así, si presta conformidad en la iniciación de un proceso de mediación con la intervención de la Secretaría respectiva a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto…”.

La causa finalmente salió de la fiscalía para notificar a Mariana el día 13 de marzo y el 14, Mariana fue hallada muerta por ahorcamiento en su casa del barrio de Villa Elvira.

Esa causa también tramita en la misma Unidad Fiscal a cargo de Romero, quien decidió finalizar la Investigación Penal Preparatoria procesando a Maldonado como instigador al suicidio, desechando así el pedido de las abogadas del CIAJ de que se lo investigue por todos los delitos cometidos con anterioridad a la muerte de Mariana; medida que motivó la queja de las letradas ante la Fiscalía General y que finalmente ordenó a Romero investigar los hechos denunciados como delitos autónomos.

Desde el CIAJ volvemos a insistir en que la muerte de Mariana Condorí no se dio de manera desvinculada a todos los hechos previos de violencia cometidos contra la joven y que éstos a su vez no son situaciones aisladas sino que son parte de un contexto de violencia de género, ejercida tanto por quien fuera su pareja, como por un Estado que no garantizó la protección de la integridad de Mariana frente a sus denuncias, sea por su ausencia, su omisión de respuestas y acciones o la negligencia por parte de sus agentes. Por eso manifestamos que todos y cada uno de estos hechos de violencia deben ser investigados.

Contacto de Prensa:

Sofía Caravelos (0221) 15- 5418686