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2×1: multiplicación de un falso dilema

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La Plata - Viernes 5 de mayo

El fallo dictado el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el que se declara aplicable la ley del 2X1 a un condenado por delitos cometidos durante la dictadura, será por extensión una nueva capa en la malla de impunidad que sectores cívico eclesiástico militares vienen gestando desde la autoamnistía, las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos. Toda esa trama de impunidad se aviene como la medida justa para que el beneficio sea hoy sólo aplicable, salvo ínfimas excepciones, para los responsables de delitos de lesa humanidad. Un fallo a medida y de “reparación contrahistórica” ya que, tras la retórica y el falso dilema que se esgrime en mayoría, el beneficio del 2×1 que se derogó hace más de quince años implica que sólo los delitos permanentes o continuos pueden ser abarcados por éste. Así, por ejemplo, un homicidio -con prescripción a los doce años-, y que se juzgue ahora debería ser un delito cometido antes de 2001. El universo de casos sobre el que podría operar la lectura de este beneficio es muy exiguo como para entender que ha querido extender los límites de amparo de DDHH.

¿En qué encrucijada nos quiere hacer caer este discurso cuyos sostenedores saben que las cárceles están hacinadas de presos con prisión preventiva (en la Provincia de Bs. As. son más del 70 % y es mayor aun la tasa en casos de mujeres)?

Lejos está este fallo de apuntar a este universo de presos jóvenes, pobres y estigmatizados, en su mayoría procesados por delitos contra la propiedad, que aún esperan su condena o absolución y que nunca gozaron de los privilegios de impunidad que sí tuvieron los responsables del genocidio.

De ahí que no llame la atención que el propio Gobierno que impulsa en estos días una reforma a la ley 24.660 para restringir la libertad condicional, libertad asistida y otros mecanismos de libertad anticipada para condenados de delitos comunes que considera “graves”, no haya mostrado preocupación por las consecuencias de este fallo. Contradicción insalvable: si de delitos graves hablamos, la desaparición forzada, tortura, muerte, apropiación de niñxs, sin dudas encabezan el listado de aquello que debe reprocharse en una sociedad.

En este sentido, la evaluación realizada hace apenas unos días por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha cuestionado la situación de hacinamiento en cárceles, la sistematicidad de la violencia contra detenidos, la violencia policial contra jóvenes pobres e integrantes del colectivo trans, la situación de migrantes a partir de las medidas impulsadas por la gestión Cambiemos y la criminalización y estigmatización de las mujeres en relación al aborto, entre otros ítems.

Uno de los temas sobre los que advirtió el Comité fue el debilitamiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Al respecto, si bien los expertos subrayaron la importancia del proceso de juzgamiento a represores, también alertaron sobre el “debilitamiento de estructuras que colaboraban en la producción de información para los juicios” y expresaron su preocupación por la lentitud de los procesos.

En efecto, desde que el macrismo llegó al poder se ha instalado una agenda que ha marcado una profunda disputa en el territorio del sentido de los derechos humanos: ¿qué son y a quiénes benefician? La alianza del PRO ha marcado una posición clara: su discurso vino a establecer que se terminó el “curro de los DDHH” y que a partir de su gestión “se iba aplicar el Estado de derecho”. Sus políticas se tradujeron rápidamente en el desmantelamiento de estructuras de programas de Memoria y también en la instauración de un nuevo paradigma de criminalización de la protesta, de cercenamiento de la expresión social y limitación de beneficios en excarcelaciones.

Pero lo que comenzó como un distanciamiento del gobierno anterior se ha transformado en un verdadero axioma: ¿cómo no asumir la defensa -a veces solapada otras abierta- de los genocidas si han sido estos los instrumentos por los que se instalaron la economía y las políticas sociales que hoy día se aplican sobre el conjunto de la población argentina?; ¿cómo no reconocer empatía en esas “víctimas del curro de los DDHH” si han sido ellos, reconocibles tras la estirpe sanguínea de apellidos oligárquicos, quienes los han azuzado para el “trabajo difícil”?

Desde el CIAJ entendemos que los DDHH no son ni pueden pensarse por fuera de un sistema político que los condiciona y determina. Su sentido está sometido a un constante campo de disputa. La actual correlación de fuerzas evidencia un claro retroceso del campo popular que se muestra herido tras las furibundas campañas de desprestigio que han esmerilado las grandes conquistas alcanzadas. La situación actual parte de una profunda crisis de sentido y un desprestigio social que no estuvieron presentes en otras luchas. Revertir estos lugares comunes debe ser el principio de nuestro camino. Las organizaciones de DDHH en Argentina han demostrado estar a la altura de los desafíos históricos.